La intervención del Poder Ejecutivo en el Órgano Judicial representa uno de los problemas más apremiantes para la democracia boliviana. Este fenómeno, ampliamente documentado tanto por los ciudadanos como por observadores internacionales, erosiona la confianza en las instituciones democráticas y socava el estado de derecho en el país.

El reciente episodio en el que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pone en duda el traslado a Santa Cruz del gobernador Luis Fernando Camacho, para que asista a una audiencia, argumentando que la presencia de la autoridad cruceña puede generar conflictos, es solo un ejemplo de cómo el Ejecutivo ejerce presión sobre el sistema judicial. Esta injerencia no solo es un obstáculo para la administración imparcial de justicia, sino que también alimenta percepciones de parcialidad y favorecimiento político en los procesos judiciales.

No es la primera vez que la independencia judicial se ve vulnerada. Las declaraciones del relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, en 2022, subrayaron la preocupación internacional por la situación judicial en Bolivia. El funcionario señaló indicios de intervención política en el caso de la expresidenta Jeanine Áñez, lo que refleja una interferencia que socava los principios fundamentales de un sistema judicial independiente y justo.

La respuesta del Gobierno a estas críticas ha sido de negación y rechazo, insistiendo en la autonomía del sistema judicial. Sin embargo, la realidad sobre el terreno sugiere lo contrario, con múltiples ejemplos de decisiones judiciales que parecen estar influidas por consideraciones políticas en lugar de criterios legales y constitucionales.

La intervención del Poder Ejecutivo en el Órgano Judicial no solo afecta la credibilidad del sistema judicial, sino que también mina los cimientos de la democracia. La separación de poderes es un pilar fundamental de cualquier sistema democrático, y cuando uno de estos poderes ejerce una influencia indebida sobre los otros, se debilita la capacidad del Estado para garantizar los derechos y las libertades de sus ciudadanos.

Asimismo, la advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de 2023, instando a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a buscar consensos para proteger la independencia de los poderes, es un llamado urgente a la acción. Es imperativo que las autoridades bolivianas reconozcan la gravedad de esta situación y tomen medidas concretas para restaurar la separación de poderes y fortalecer las instituciones democráticas del país.

La consolidación de la democracia en Bolivia requiere un compromiso firme con la independencia del Poder Judicial y el respeto escrupuloso del estado de derecho. Solo así se podrá reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones y garantizar un futuro de justicia y equidad para todos los bolivianos. La superación de esta crisis no solo es un desafío, sino también una oportunidad para fortalecer los cimientos democráticos del país y avanzar hacia un futuro de mayor transparencia, justicia y respeto por los derechos fundamentales.

En este contexto, es crucial que las autoridades bolivianas reconsideren su postura y trabajen activamente para restaurar la independencia del Órgano Judicial. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a las decisiones judiciales son elementos esenciales para preservar la salud democrática de la nación. La comunidad internacional continuará observando de cerca la evolución de la situación, esperando que Bolivia pueda superar estos desafíos y consolidar un sistema judicial independiente y confiable.

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Una justicia sin injerencias, el mayor desafío

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28.02.2024



La intervención del Poder Ejecutivo en el Órgano Judicial representa uno de los problemas más apremiantes para la democracia boliviana. Este fenómeno, ampliamente documentado tanto por los ciudadanos como por observadores internacionales, erosiona la confianza en las instituciones democráticas y socava el estado de derecho en el país.

El reciente episodio en el que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pone en duda el traslado a Santa Cruz del gobernador Luis Fernando Camacho, para que asista a una audiencia, argumentando que la presencia de la autoridad cruceña puede generar conflictos, es solo un ejemplo de cómo el Ejecutivo ejerce presión sobre el sistema judicial. Esta injerencia no solo es un obstáculo para la administración imparcial de justicia, sino que también alimenta percepciones de parcialidad y favorecimiento político en los procesos judiciales.

No es la primera vez que la........

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