Resultó estéril el último esfuerzo de la oposición en el Senado para dejar de lado el receso de fin de año en el Órgano Legislativo y cumplir con tareas fundamentales para preservar la poca institucionalidad democrática que queda. El vicepresidente David Choquehuanca decretó pausa en las actividades y con su decisión puso sello y firma a una de las gestiones más opacas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Finalmente, la Ley del Presupuesto General del Estado no fue sancionada por la ALP, escenario propicio para que en cumplimiento de la Constitución, el presidente Luis Arce ponga en vigencia la norma presupuestaria obviando observaciones muy razonables sobre los niveles de endeudamiento, las prioridades en la inversión pública, la asignación de recursos para municipios y gobernaciones o el impacto de la subvención de los hidrocarburos en la economía del país.
En la retórica oficial, Bolivia seguirá siendo uno de los países con baja inflación, disminución del desempleo y buena perspectiva de crecimiento, aunque las Reservas Internacionales se mantienen en mínimos históricos y crece el mercado paralelo del dólar estadounidense.
Tampoco preocupa la pérdida de mercados o la falta de condiciones para mejorar las condiciones de trabajo para el sector productivo. Según el último informe de la Cadex, las exportaciones del departamento de Santa Cruz disminuyeron en 26% en la gestión 2023, un dato que, mínimamente, debería llamar la atención porque en estas tierras se produce un tercio del PIB.
Peor aún, el 2 de enero de 2024 se inaugurará el año judicial con 56 altas autoridades ilegal e ilegítimamente autoprorrogadas en su mandato hasta nuevo aviso, situación que consolida un precedente nefasto; todo porque el Vicepresidente, senadores y diputados fracasaron en la concertación necesaria para aprobar por dos tercios el reglamento para la selección de candidatos a las elecciones judiciales.
Entretanto, Bolivia seguirá siendo el país con mayor cantidad de detenidos preventivos, con índices de retardación que afectan la vida, seguridad, salud y dignidad de las personas, muchas privadas de libertad a quienes se les vulnera permanentemente el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo.
Y no se puede dejar de mencionar que gracias a los artilugios jurídicos de un grupo de ministros de Estado, la Asamblea Legislativa no puede ejercer a cabalidad su función fiscalizadora. Por lo tanto, los ministros no brindan informes y no asisten a sesiones de interpelación porque el Tribunal Constitucional debe interpretar el alcance de la censura parlamentaria.
Hubiera sido edificante ver que madres y padres de la patria tengan un poco de decoro y le entreguen al país un presupuesto debatido y aprobado con sano espíritu democrático o que se trabaje con compromiso para desempantanar la elección judicial, pero hoy, 25 de diciembre, creyentes y no creyentes celebran la Navidad en la comodidad de sus hogares y ajenos a todas sus asignaturas pendientes.
¿Qué mensaje navideño se puede enviar a las autoridades? Que cumplan sus deberes, sacrifiquen sus descansos y feriados para trabajar por el bien de todos; que recuerden el juramento que hicieron al asumir sus mandatos y que la patria y la historia les demandarán por sus inaceptables omisiones.
Cuesta tener razones para el optimismo; aún así, solo queda desear a que, pasadas las fiestas, nuestros legisladores retornen a sus labores con ganas de trabajar y con la claridad mental necesaria para, por lo menos, evitar que se profundice la crisis judicial; aunque conociendo su conducta, es posible que venga un nuevo receso, por carnavales, en circunstancias iguales o peores que las actuales.
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