Las críticas a la autoprórroga del mandato de los magistrados del poder judicial boliviano resuenan con mayor intensidad tanto en el país como en el ámbito internacional. Y no es para menos, ya que lo que está en juego es la legitimidad y credibilidad de órganos tan importantes como el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
La raíz del problema radica en que la Asamblea Legislativa Plurinacional no cumplió con su responsabilidad de preseleccionar a los candidatos y posteriormente aprobar la ley de convocatoria a elecciones.
Esta situación ha suscitado preocupación a nivel internacional. Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas, expresó su inquietud acerca de que la extensión del mandato de los magistrados sea indefinida. “Dado que hasta el momento no se ha fijado fecha para las elecciones judiciales, me preocupa que esta falta de acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial en el país”, señaló.
La relatora instó a llevar a cabo un proceso transparente, participativo e integral para preseleccionar a los candidatos en la Asamblea y avanzar en la celebración de las elecciones. El Gobierno ha respondido favorablemente al llamado de la relatora, anunciando que en las próximas horas el vicepresidente David Choquehuanca convocará al diálogo.
La oposición también respalda el llamado de la ONU. Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, denunció que “Bolivia y el mundo ya condenan el intento del Gobierno de Luis Arce de destruir la democracia y la institucionalidad...”. Mesa aludió al supuesto bloqueo arcista a las elecciones judiciales en la Asamblea, que derivó en la prórroga inconstitucional de los magistrados.
Cabe recordar que la independencia de la justicia empezó a menoscabarse cuando el MAS propició los procesos electorales de los magistrados en 2011. El abogado constitucionalista José Luis Santistevan señala que en aquella ocasión la gente votó pero no eligió, porque los preseleccionados estaban vinculados al poder político. Según él, la crisis de la justicia ha generado, entre otros perjuicios, la inexistencia del estado constitucional de derecho, la violación de derechos humanos a través de procesos judiciales, la impunidad en actos de corrupción, el control de la economía mediante resoluciones abusivas e inconstitucionales y la judicialización de la democracia y los derechos políticos y sociales.
Indudablemente, nos enfrentamos a una crisis judicial que debe atenderse de inmediato. A pesar de que el tiempo de la prórroga judicial está en marcha, aún es posible revertir la situación y retomar el proceso de convocatoria a nuevas elecciones judiciales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, aseguró que es totalmente factible realizar elecciones judiciales este año, proponiendo los meses de mayo, junio o julio para el proceso, sin afectar las elecciones primarias que serían en diciembre.
Lo verdaderamente complicado será que en la Asamblea Legislativa exista la voluntad política para llevar adelante este proceso, tal como sugiere la relatora de la ONU. La profunda división política en este órgano hace altamente improbable un acuerdo. Sería ideal que los legisladores depongan sus acérrimas posturas partidarias y aborden un proceso de preselección de candidatos, considerando sus méritos y trayectorias, condiciones indispensables para garantizar la probidad e integridad de sus funciones como magistrados. Ese es el milagro que se necesita para que los asambleístas empiecen a reparar el daño causado.
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