El tardío Censo que se debería realizar el 23 de marzo del 2024 -idealmente- tendría que brindar, entre otros, certidumbre poblacional sobre que el 75% aprox. de la población boliviana estaría residiendo en el área urbana (preponderantemente en el oriente del país). Con una tendencia ascendente hacia un 90% aproximadamente durante el siguiente lustro.
Empero, como esa realidad poblacional-territorial de la Bolivia mayoritariamente urbana no le es discursivamente útil al centralismo, estos han venido saboteando sistemáticamente la ejecución del ejercicio censal (fundamental para planificar). De hecho, el último Censo debió efectuarse el año 2010 (no el 2012), pero el centralismo lo postergó como lo hizo con el actual.
Considerando que el penúltimo Censo Nacional de Población y Vivienda de Bolivia se efectuó el año 2001 y que, para entonces, estaba vigente la norma que mandaba a ejecutar los censos todos los años terminados en cero. El siguiente ejercicio censal debió ejecutarse el año 2010. En efecto, el centralismo expidió el Decreto Supremo N° 29552 del 8 de mayo de 2008 para autorizar el inicio de las actividades del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Pero, bajo el mismo cálculo político-electoral y para perjudicar a las regiones, lo pospuso de facto para realizarlo recién el año 2012. Mismo modus operandi con el que difirieron el último al 2024.
El Censo es un derecho de todos los residentes de esta tierra. Postergarlo dictatorialmente como hace el centralismo implica uno de los mayores actos de proscripción y censura; es decir que el Estado no te tome en cuenta como ciudadano. El Censo va más allá de la estadística. Ya que reafirma al censado como sujeto de derechos y deberes. Y sus resultados sirven de criterio para la planificación, la proyección y redistribución de escaños electorales, recursos, bienes y servicios públicos.
En julio del 2022 el presidente del Estado, Luis Arce, afirmó que “el crecimiento de población no implica necesariamente más recursos”. Anticipándonos otra modalidad de fraude centralista, con tal de seguir postergando a las regiones.
Dicho lo cual, debemos señalar que si el ejercicio censal del 2024 no se vuelve a sabotear y en la medida que sus resultados sean transparentes (y no fraudulentos como los del 2012), en cuanto al componente poblacional, se tendría que reportar oficialmente esa nueva urbanidad boliviana. Pero no quedará ahí.
Siendo propositivos, a manera de alternativa a la trillada dialéctica urbano-rural (campo-ciudad), como legisladores ciudadanos planteamos que esos resultados censales sirvan para planificar una nueva Bolivia metroplitana.
La Región Metropolitana es una especie territorial -del nuevo modo de Estado compuesto (Trisegmentado) adoptado por Bolivia el 2009-, que nuestro ordenamiento jurídico define como “espacio territorial continuo de planificación y gestión” intergubernativa (entre los diferentes niveles de Gobierno). Con una serie de requisitos constitutivos como continuidad geográfica, conurbación y otros.
En ese sentido, las dos dimensiones (urbana y rural porcentualmente resignificadas) convergerían -por interés público- en ésta, llamémosle, solución supra territorial alternativa a la administración clásica de departamentos y municipios; con base en el respeto a las libertades individuales/colectivas. Y en el marco de un nuevo relacionamiento con el nivel central, priorizando la provisión de servicios básicos metropolitanos.
Bajo esa perspectiva metropolitana se podrían proyectar políticas públicas, asignar recursos de manera eficiente, pactar fiscalidad pro regional, y rediseñar electoralmente el mapa; superando esa dañina dialéctica de lo urbano vs. lo rural. Poniendo mayor atención a datos sobre la fuerza laboral disponible, necesidades de infraestructura mínimas; a la vez que diseñemos estrategias de salud pública, identificando patrones epidemiológicos para determinar la demanda de servicios médicos de forma prioritaria, por ejemplo.
Hacia la Bolivia metropolitana
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08.12.2023
El tardío Censo que se debería realizar el 23 de marzo del 2024 -idealmente- tendría que brindar, entre otros, certidumbre poblacional sobre que el 75% aprox. de la población boliviana estaría residiendo en el área urbana (preponderantemente en el oriente del país). Con una tendencia ascendente hacia un 90% aproximadamente durante el siguiente lustro.
Empero, como esa realidad poblacional-territorial de la Bolivia mayoritariamente urbana no le es discursivamente útil al centralismo, estos han venido saboteando sistemáticamente la ejecución del ejercicio censal (fundamental para planificar). De hecho, el último Censo debió efectuarse el año 2010 (no el 2012), pero el centralismo lo postergó como lo hizo con el actual.
Considerando que el penúltimo Censo Nacional de Población y Vivienda de Bolivia se efectuó el año 2001 y que, para entonces, estaba vigente la norma que mandaba a ejecutar los censos todos los años terminados en cero. El siguiente ejercicio censal debió ejecutarse el........
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