La Fundación Jubileo ha publicado un informe sobre “La Deuda Pública de Bolivia”, preparado por René Martínez, El estudio incluye datos y un análisis econométrico que permite anticipar los esfuerzos que tendremos que realizar para responder a las obligaciones generadas por el proceso de endeudamiento más reciente.

Jubileo nació para honrar las gestiones realizadas por la Iglesia Católica al celebrar su jubileo con reducciones masivas de deuda a los países más pobres. Bolivia fue uno de los países más beneficiados con esa gestión, que permitió reducir nuestra deuda externa casi en la mitad. Parece lógico entonces que esta Fundación ponga atención en este tema. El país que alivió hace 20 años ha vuelto a colocarse entre los pobres más endeudados.

Una de las conclusiones del estudio destaca las condiciones institucionales del endeudamiento. Muestra que se ha producido mediante procedimientos que al parecer transgredieron de manera sistemática la legislación boliviana. El Banco Central, por ejemplo, se ha convertido en un prestamista generoso del gobierno y sus empresas, a pesar de que la Ley Orgánica no se lo permite. En ese caso, como en otros, se ha recurrido al inapropiado expediente de “autorizar créditos” mediante la ley de presupuesto, cuya vigencia es de solo un año y no debería tratar temas que no sean de gestión del gasto público. El informe señala también otras normas que han sido ignoradas o vulneradas por vía de una excepción que se ha hecho hábito.

Otro aspecto interesante del informe es que, al abarcar el periodo comprendido entre 1970 y 2022, permite una mirada de largo plazo. Encuentran que los periodos de mayor deuda (dictadura militar entre 1970 y 1980, y revolución democrático cultural entre 2006 y 2022), coincidieron con bonanzas exportadoras originadas en elevados precios internacionales.

¿Cómo se explica que cuanto más dinero tuvo el Estado fuera también el ´periodo en que mayor deuda contrajo?

Una sencilla explicación financiera aludiría a la capacidad de pago. En las bonanzas aumenta dicha capacidad y los acreedores colocan créditos con entusiasmo. Esto pone también en cuestión el rol de esos organismos (como BID, CAF y Banco Mundial) cuya perspectiva resulta ser de muy corto plazo y escaso compromiso con el desarrollo.

Pero una explicación más a fondo nos llevaría a observar en funcionamiento la trampa del rentismo. En condiciones de abundancia de recursos públicos en un Estado institucionalmente débil y que alienta y enfrenta elevadas expectativas, el gasto fiscal se dispara de forma desordenada, generando asignaciones ineficientes, orientadas por la presión corporativa, sin alcanzar a satisfacer las necesidades de la población ni dinamizar el desarrollo. Al contrario, debilitan aún más las instituciones y aumentan las exigencias de gasto, el cual se disuelve en proyectos dispendiosos, muchas veces marcados por la corrupción. La deuda pública reemplaza las rentas de recursos naturales hasta que llega el freno de la crisis.

Sucedió ya en los años 1970 y todo indica que ha vuelto a suceder y sólo nos queda por averiguar cuándo y cómo la realidad nos pondrá el freno. Mientras tanto, el 2022 ya superamos una deuda pública de 35 mil millones de dólares y no tenemos certeza de cuál será su magnitud cuando nos llegue la factura. Solo sabemos que no será pequeña.