La movilidad es mucho más que el mero desplazamiento de personas y mercancías entre distintos lugares. Determina en gran medida el desarrollo económico de las sociedades y tiene implicaciones en la vida diaria de los ciudadanos y en sus proyectos de futuro. Una movilidad eficiente crea oportunidades, abre mercados, robustece cadenas de suministro y ayuda a fijar precios competitivos.
Aun siendo sustanciales, las cifras de la movilidad en nuestro país no alcanzan a reflejar su verdadera trascendencia. Representa el 4,5% del PIB, da trabajo a 800.000 personas y consume el 13% del gasto de los hogares. Supone también el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero –cinco puntos más que la media europea-, un porcentaje que sería todavía mayor si el transporte público no realizara cada año 5.000 millones de viajes. Pero es en su capacidad para cohesionar social y territorialmente donde radica su importancia. Y es en la movilidad y en el transporte donde debemos actuar si queremos mitigar los efectos del calentamiento global. En definitiva, la movilidad ha de permitirnos seguir creciendo y cerrar las brechas de desigualdad sin comprometer nuestra salud ni degradar el medio ambiente.
Para ello hemos de tener en cuenta la realidad española. Poseemos uno de los porcentajes más altos de población urbana de toda la UE, hasta el punto de que el 80% de los españoles se concentra en el 20% del territorio. El reverso de este fenómeno es la despoblación que sufren muchas provincias. Más del 80% de nuestros municipios se apagan porque tienen menos de mil habitantes y un 16% sobrevive con menos de 100 vecinos. Vivir en estas zonas conlleva una dependencia casi absoluta del vehículo privado e implica un riesgo de asilamiento, menos salidas laborales y serias dificultades para acceder a los servicios básicos.
Frenar el éxodo demográfico y asegurar la igualdad de los españoles justifica elevar la movilidad a la categoría de derecho, de manera que los poderes públicos tengan la obligación de garantizar su ejercicio a cada ciudadano, con independencia de su lugar de residencia, su género o su nivel de renta. Con este cambio radical de enfoque, el objetivo final es completar la transición hacia una movilidad sana, sostenible y segura. Si lo conseguimos, habremos contribuido decisivamente a transformar España.
El cambio ha de ir de la mano de la descarbonización del sistema de transportes, lo que convierte al ferrocarril y al transporte público en las piedras angulares de esta estrategia. Hacia ellos hemos dirigido los más de 11.200 millones de euros de los fondos europeos que gestionamos y que hemos movilizado prácticamente en su totalidad.
En los cinco años de Gobierno hemos invertido en el conjunto de la red ferroviaria más de 13.000 millones, que han servido para impulsar los corredores Mediterráneo y Atlántico, pero sobre todo para revertir el abandono de la red convencional y las Cercanías, con partidas superiores a las de la alta velocidad. Desde 2010 no se había comprado un solo tren para esto servicios. Hoy tenemos un macroplán que alcanza ya los 5.000 millones para suministrar y mantener las nuevas unidades empezarán este año a circular, lo que, a buen seguro, reducirá las incidencias que hemos padecido.
De nada valdría este esfuerzo para duplicar la cuota modal de pasajeros hasta el 12% en el horizonte de 2030 y para alcanzar el 10% en el transporte ferroviario de mercancías, si las ciudades, que es donde se genera el grueso de las emisiones contaminantes, no interiorizan que la sostenibilidad es el único camino posible. La cooperación de Comunidades y Ayuntamientos, como titulares de las competencias, es imprescindible. Cerca de 2.500 millones se han puesto en sus manos para que implanten zonas de bajas emisiones, adquieran autobuses no contaminantes y fomenten una movilidad sostenible y digitalizada.
No vamos a permitir los intentos de algunas ciudades de revertir actuaciones que devolvían el espacio público a los peatones, a los ciclistas y al transporte público para privilegiar de nuevo al vehículo privado. No podemos consentir que se juegue con la salud de los ciudadanos y que se politice hasta el aire que respiramos.
Este mes de febrero llevaremos de nuevo al Consejo de Ministros la ley de Movilidad Sostenible para que entre en vigor este mismo año. Mi intención es que establezca nuevos criterios de financiación del transporte público, de manera que las subvenciones se vinculen a avances tangibles en sostenibilidad. Y si hasta ahora fue necesario bonificarlo para combatir la crisis inflacionista, en la nueva etapa la prioridad será también la calidad.
La sostenibilidad ha de impregnar todos los modos e infraestructuras. En el ámbito ferroviario, vamos a profundizar en la racionalidad de la planificación, en la liberalización y en el impulso al transporte de mercancías, ampliando la conectividad con los puertos de interés general. En el modo aéreo y marítimo las actuaciones perseguirán el cumplimiento de la normativa para reducir las emisiones en al menos un 55% en 2030.
La nueva movilidad convoca a las Administraciones Públicas, al sector privado y a la sociedad civil. No avanzaremos mucho sin el pacto y la concertación. Por eso he pedido un acuerdo de país sobre las infraestructuras, cuyos ciclos de diseño y ejecución son más amplios que los ciclos políticos. Debemos ser capaces de fijar un marco estable y de alcanzar un mínimo consenso para no generar falsas expectativas y frustraciones. Trabajemos juntos para no desperdiciar la oportunidad de transformar este país.
Transformar la movilidad para transformar España
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14.02.2024
La movilidad es mucho más que el mero desplazamiento de personas y mercancías entre distintos lugares. Determina en gran medida el desarrollo económico de las sociedades y tiene implicaciones en la vida diaria de los ciudadanos y en sus proyectos de futuro. Una movilidad eficiente crea oportunidades, abre mercados, robustece cadenas de suministro y ayuda a fijar precios competitivos.
Aun siendo sustanciales, las cifras de la movilidad en nuestro país no alcanzan a reflejar su verdadera trascendencia. Representa el 4,5% del PIB, da trabajo a 800.000 personas y consume el 13% del gasto de los hogares. Supone también el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero –cinco puntos más que la media europea-, un porcentaje que sería todavía mayor si el transporte público no realizara cada año 5.000 millones de viajes. Pero es en su capacidad para cohesionar social y territorialmente donde radica su importancia. Y es en la movilidad y en el transporte donde debemos actuar si queremos mitigar los efectos del calentamiento global. En definitiva, la movilidad ha de permitirnos seguir creciendo y cerrar las brechas de desigualdad sin comprometer nuestra salud ni degradar el medio ambiente.
Para ello hemos de tener en cuenta la realidad española. Poseemos uno de los porcentajes más altos de población urbana de toda la UE, hasta el punto de que el 80% de los españoles se concentra en........
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