A partir del debate abierto por el presidente de la República y el Ministerio de Educación Nacional a raíz de su propuesta de reforma a la Ley 30, diversos temas con respecto a los cambios radicales que requiere la Educación Superior en Colombia ganaron particular audiencia. El primero de ellos, desde luego, giró en torno al financiamiento debido a la crisis presupuestal que afecta a las instituciones públicas. Asuntos no menos importantes, por ejemplo, se plantearon con respecto a la autonomía universitaria, sus principios, formas democráticas de gobierno o la composición de los consejos superiores; en relación con los exámenes de estado y el papel del ICFES, o sobre las transformaciones del ICETEX y el futuro del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).

Sin embargo, con la presentación del proyecto de Ley Estatutaria ante el Congreso, la discusión se desvió hacia el carácter de derecho fundamental que debe reconocerse a la educación y, en términos muy generales, hacia temas como la necesidad de ofrecer una educación pertinente y de calidad, con inclusión y diversidad, y con respecto a las dimensiones cualitativas y cuantitativas de la formación en sus distintos niveles y los deberes del Estado para con ella. Las discusiones iniciales se opacaron al punto que hoy los odiados artículos 86 y 87 de la citada Ley 30 de 1992, señalados sin discusión........

© El Espectador