La historia moderna tuvo que resolver muchos contratiempos para avanzar en el tránsito del absolutismo de Estado hacia el Estado de derecho. Sin embargo, parecería que hoy surgen nuevos reveses: ¿se están deteriorando la división de poderes, sus controles institucionales, su principialismo equilibrante?
Así como la ciencia demostró en el pasado que la Tierra no gira alrededor del Sol sino al revés, ahora se está demostrando que la economía, la política y el derecho están dejando de girar alrededor del Estado nación para hacerlo en torno a la aldea global. En esas condiciones, ¿qué va a pasar con el Estado de derecho, con la democracia nacional, con los derechos de las personas? La globalización dogmatizó la economía y vació de contenido la política con dos consecuencias paradójicas, a veces discordantes y a veces complementarias: la primera es la constitucionalización del derecho; la segunda, su captura por parte de los jueces.
El siglo XXI trajo consigo amenazas preocupantes que fueron objeto de rechazo político, ciudadano y mediático. Sin embargo, ahora lo son de aplauso o al menos de silencio cómplice: Hugo Chávez, por ejemplo, se hacía aprobar leyes habilitantes que le otorgaban funciones legislativas. Algunos recordaron, entonces, el antecedente de Hitler, a quien el Congreso alemán le otorgó autorizaciones similares en 1933, dando comienzo a su dictadura. No sé qué resulta peor desde el punto de vista democrático, si un presidente que reclame leyes habilitantes o un congreso que las apruebe. Ambas cosas lesionan gravemente cualquier democracia, pero curiosamente, el rechazo que se produjo contra las leyes de Chávez contrasta con el respaldo que se induce a favor de las leyes de Milei.
Suelo repetir que Colombia nació en medio del derecho y construyó una vocación civil consolidada por la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Colombia no es Venezuela, ni tampoco es Argentina. Pero me preocupan dos cosas recientes: en primer lugar, la sentencia de la Corte Constitucional que autoriza a suspender leyes. Me parece una decisión bien discutible desde el punto de vista democrático. No es lo mismo suspender provisionalmente un decreto del ejecutivo que una ley portadora de la voluntad del pueblo. La Corte podría tener razón cuando se trate, por ejemplo, de una ley ordinaria que debió tramitarse como estatutaria, pero, en cualquier caso, declarar la suspensión provisional de una decisión legislativa, en medio de un control abstracto de constitucionalidad, resulta peligroso para los equilibrios del Estado democrático de derecho.
Lo segundo es más preocupante. El diario El Tiempo, en editorial del domingo 4 de febrero, se atrevió a decir que las presiones sobre la Corte Suprema de Justicia para que elija al nuevo fiscal general de la nación son inaceptables. ¡Vaya premisa! Si algo es legítimo en una democracia es la presión civilizada de cualquier entidad o persona frente a sus autoridades. Además, como lo anotó El Espectador el 9 de diciembre último, sería irresponsable para con el país mantener una interinidad que prolongue esta bravuconería, dañina para la Institucionalidad. Por eso, concluyó este diario, la Corte Suprema necesita elegir fiscal general tan pronto como le sea posible. ¿Es eso una presión inaceptable? Por Dios, al invitar al desconocimiento de normas vigentes que tanto los ciudadanos como las autoridades deben cumplir, el referido editorial desdibuja la huella centenaria de ese diario en defensa del Estado de derecho.
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