La propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, formulada por el presidente Gustavo Petro, ofrece tantas dificultades jurídicas como políticas. Por eso y, sobre todo, por las características del momento se produjeron fuertes reacciones no solo intelectuales, sino también viscerales. Intentaré un breve análisis tratando de tomar partido solo a favor del país.

Lejos de ser un mecanismo para uso excepcional, la Constituyente es un instrumento jurídico ordinario para reformar la Carta Política, según lo establece su artículo 374. Pero una Constituyente es el punto de llegada de un proceso de negociaciones y no su punto de comienzo. En el pasado las constituyentes solían ser convocadas a favor o en contra de alguien a o de algo por gobiernos autoritarios. En 1991, la sociedad civil colombiana hizo de la suya el punto culminante de un acuerdo nacional. El país sintió que había aprendido a consensuar entre adversarios. La Unión Republicana, el Frente Nacional, el gran consenso del 91, anunciaban desarrollos civilizados en el ejercicio político. No fue así, por desgracia.

La actividad pública exige voluntad política para conversar entre adversarios, pero lo que se ve aquí es el agresivo talante de la dirigencia política, expresado en un diálogo de sordos que se vuelve guerra entre enemigos. Es como si quisieran que el país olvidara la feliz experiencia de la paz. En este último año se han radicalizado las posiciones: un gobierno inflexible y una oposición irresponsable que monologan simultáneamente.

En un Estado de Derecho el gobierno jamás puede abandonar el diálogo, pero la oposición tampoco, y menos si la Carta Política consagra entre sus fines el fortalecimiento de la unidad nacional. En política es preciso estar dispuesto a conversar con todo el mundo, incluyendo a los adversarios más radicales. El mundo de hoy es plural y sus sociedades son heterogéneas. Por eso se acepta que la política es el sustituto de la guerra. Sin embargo, en Colombia, gobierno y oposición clausuraron los canales de doble vía por los cuales circula la política, y solo dejaron abierto el espacio de las confrontaciones.

El gobierno improvisa mientras la oposición responde siempre con un contundente ‘no’. Ambas cosas conspiran contra el diálogo y radicalizan. El ‘no’ de la oposición puede ser una bandera electoral, pero un ‘no’ para todo jamás podrá ser una bandera política. Cuando se llega a semejantes extremos, cualquier sociedad entra en crisis permanente. Con el gobierno cerrado sobre sí mismo y la oposición alineada promoviendo bloqueos políticos, mediáticos y judiciales, el país pierde su rumbo y puede terminar desbordando los linderos de la institucionalidad antes del año 2026, con consecuencias impredecibles.

Desde el punto de vista jurídico, lo que hace falta no es una Constituyente, sino recuperar el texto original del 91, con su democracia de participación, su autonomía territorial, su pluralismo jurídico, es decir, con las normas superiores que los constituyentes consensuaron, pero se quedaron escritas o fueron objeto de contrarreforma. Y desde el punto de vista político, la democracia no ofrece sino dos soluciones efectivas para resolver debidamente sus crisis más agudas: las conversaciones y las elecciones.