El pasado 15 de marzo la Vicepresidencia radicó ante la Cámara de Representantes, una vez más, un proyecto de ley que busca proteger a los denunciantes de corrupción en el país -personas a las que también se les llama informantes o “whistleblowers”-. El proyecto es interesante. Tengo la esperanza de que esta vez sí sea la vencida para que Colombia regule este tema y lo haga para el siglo XXI.

Colombia ha suscrito diversos compromisos ante organismos internacionales (como la OEA y la OCDE) que la obligan a legislar para combatir la corrupción, y para hacerlo debe proteger a quienes denuncian. El problema es que hasta ahora los intentos han terminado enterrados en el Congreso. La OCDE ha documentado la “resistencia” del país para cumplir con este compromiso, por lo que un nuevo intento es necesario, pero me obliga a mantener un grado de escepticismo, el Congreso ha fallado en el pasado.

El Congreso hasta ahora no ha conseguido cumplir con los compromisos internacionales, a pesar de que ni siquiera son tan ambiciosos como las legislaciones más modernas en este tema. Los compromisos que tenemos hoy se limitan a la denuncia de irregularidades en relación con lo que tradicionalmente se ha considerado corrupción -es decir, con delitos financieros- y se concentran en la protección física de las personas denunciantes. El desafío es mayor hoy, pues esos compromisos ya no son suficientes. Hoy es necesario alcanzar los estándares internacionales más exigentes y es bueno constatar que el proyecto de ley efectivamente tiene una apuesta más alta.

El modelo normativo actual en este tema a nivel mundial es el de la Directiva de la Unión Europea. En esta norma el alcance que se le da a la........

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