El jueves 11 de abril, alrededor de 3.000 ciudadanes marcharon en Barranquilla contra las injustas tarifas que llegan en el recibo de la luz. El problema es un capítulo más de un drama que lleva poco más de una década: cortes arbitrarios, empresas privadas abusivas e ineficientes, y cero protección para les usuaries. Hoy en las facturas de la luz en el Caribe, además del valor por el consumo, se cobra a les usuaries las “pérdidas no técnicas”, como el robo de energía (gracias al “Régimen Transitorio Especial”, aprobado en el Congreso durante el gobierno Duque), y encima hay dos cobros extra, por la “Tasa de seguridad y convivencia ciudadana” y por el alumbrado público.
Una de las organizadoras, Karol Solís Menco, explicó a los medios que la empresa privada prestadora del servicio, Air-e, le ha negado a ciudadanía el derecho al debido proceso de forma sistemática: “no existe un ciudadano que vaya y que le contesten a tiempo”, y a algunas personas las “extorsionan para que hagan acuerdos de pago, para que no les hagan cortes de energía”. Solís añade que “no tenemos Superintendencia, porque se están demorando entre uno y dos años en responder los recursos”. Por otro lado, señala Laura Ardila en este periódico, que “Petro no está dispuesto a poner un peso en ninguna inversión que redunde en ganancia para los operadores del pésimo servicio de energía en el Caribe”. Lo que parece un problema técnico termina violando derechos fundamentales, como el de la salud, pues muchas personas dependen de aparatos eléctricos para su cuidado y supervivencia; o a la vivienda y el trabajo porque otras perdieron sus casas y negocios al no poder cumplir con los cobros exorbitantes. No hay soluciones porque el problema se va rotando como una papa caliente, y les perjudicades siguen siendo les usuaries.
En medio de este embrollo, varios temas flotan a la superficie. Lo más esperanzador es ver que sí hay una ciudadanía comprometida en el Caribe, que se está articulando para defender derechos, en una región donde la protesta social sigue siendo algo incipiente y muchas veces mal visto o castigado. Más allá de los logros inmediatos, el proceso de articulación deja estructuras, métodos, aprendizajes, y esto hará que los reclamos de la ciudadanía sean cada vez más eficientes. La protesta social es como una brisa fresca. La movilización del jueves debe llenarnos de profundo orgullo, es una conquista del espacio cívico y un punto de partida para llegar a frenar los abusos.
Lo más preocupante es que la movilización mostró el serio problema de libertad de expresión en la región. ¿Cómo es posible que El Heraldo, el diario más leído en la región, no le gastara ni una letra a una protesta que ocurrió en simultáneo en siete departamentos? Si no fuera por las redes sociales y algunos medios del centro del país, la manifestación no habría tenido nada de cobertura. Esto nos habla de una censura hermética, desde hace décadas, asfixia los reclamos de la ciudadanía, es una de las causas directas del problema de acceso a la electricidad en el Caribe, que ha generado una crisis de derechos humanos.
Entender esto es indispensable, pues si no se resuelve es porque se ve como una querella por plata, en donde prestadores de servicio privados sí o sí sacarán tajada, a pesar de su ineficiencia. Visto así, la pregunta es ¿quién paga?, y hasta ahora han sido les usuaries, quienes menos poder tienen. Pero, si esto se enmarca como una violación a derechos fundamentales, el Estado tiene que intervenir y la ciudadanía tiene que ser protegida.
Vivir sin Air-e
13
1
18.04.2024
El jueves 11 de abril, alrededor de 3.000 ciudadanes marcharon en Barranquilla contra las injustas tarifas que llegan en el recibo de la luz. El problema es un capítulo más de un drama que lleva poco más de una década: cortes arbitrarios, empresas privadas abusivas e ineficientes, y cero protección para les usuaries. Hoy en las facturas de la luz en el Caribe, además del valor por el consumo, se cobra a les usuaries las “pérdidas no técnicas”, como el robo de energía (gracias al “Régimen Transitorio Especial”, aprobado en el Congreso durante el gobierno Duque), y encima hay dos cobros extra, por la “Tasa de seguridad y convivencia ciudadana” y por el alumbrado público.
Una de las organizadoras, Karol Solís Menco, explicó a los medios que la empresa privada prestadora del servicio, Air-e, le ha negado a ciudadanía el derecho al debido proceso de forma sistemática: “no existe........
© El Espectador
visit website
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Belen Fernandez
Mort Laitner
Rami G Khouri
Ali Fathollah-Nejad
Nikkei Editorial
