¡Ver para creer! José Luis Barceló, antes admirado magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema (2011 – 2019) y presidente de la misma corporación en 2018, hoy se desempeña como defensor de Arturo Char, de la intocable familia de Barranquilla; y de Cielo Gnecco y su hijo: el detenido exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco. Los clientes de Barceló tienen en común que están en prisión o han estado a punto de llegar a ella por sospechas sobre su honda corrupción: Char está detenido en La Picota en desarrollo de un proceso por la compra masiva de votos en Atlántico, 126 mil, para garantizar su curul en el Senado del que fue su presidente por acuerdo entre Iván Duque y los partidos tradicionales: Conservador, uribismo, Cambio Radical y otros; Cielo, a la que todavía llaman en Valledupar con enorme respeto (¿o temor?) “la primera gestora del departamento” y contra quien pesaba orden de captura por, casi nada, el asesinato de dos personas que se habrían enfrentado a ella –hasta cuando un milagro le puso en el camino a una fiscal local que revocó esa orden–; y su hijito Luis Alberto, en detención domiciliaria por un contrato con sobrecostos por casi $3 mil millones que terminó en usurpación de los alimentos de los niños más pobres del Cesar.
Como dicen los penalistas cuando reciben críticas por la gente que los contrata, la mayoría bandidos, todo el mundo –aún el peor de los criminales– tiene derecho a ser asistido por un abogado. Cierto. Tan cierto que, por tratar con lo peor de la sociedad, estos especialistas en libertades y condenas cobran honorarios que los hacen ganar fortunas en un santiamén. Ejemplos famosos hay en Colombia: no es necesario buscar mucho. Pero también es verdad que los litigantes escogen a quién desean apoderar y a quién no. Finalmente, la imagen del uno se le transfiere al otro. Probablemente por eso, políticos tan cuestionados como Char, Gnecco y Monsalvo contratan a un extogado de la Suprema. Y no a cualquiera: Barceló fue quien se puso el cinturón cuando tenía que tomar decisiones que hubieran hecho temblar a otro magistrado. Fue su despacho el que cerró la investigación contra el senador Iván Cepeda, denunciado por Uribe, y el que firmó la orden de abrirle indagación al expresidente que conocemos, por soborno a testigos, la primera y única que viene prosperando en su contra, aunque entre avances y trompicones. Se requería valor para hacerlo, y Barceló lo tuvo, también, cuando escribió la ponencia de condena de los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacios por el escándalo de la “yidispolítica” (compra de votos a favor de la reelección de Uribe).
Parece inconcebible que alguien como él, que se la jugó por la justicia más pura, termine en la otra orilla, tal vez con mucho dinero en sus cuentas, pero sin prestigio. ¡Cuarenta años como pulcro operador judicial para acabar, en estrados, hablando por los Char y los Gnecco! No es lo peor. La forma como ejerce la defensa de tales personajes está solo a la altura de los abogados más mañosos y menos leales con la ley. Según diciente crónica de El Espectador (ver), “La incomodidad de la Corte Suprema con la defensa de Arturo Char” se basa en las triquiñuelas que ha utilizado Barceló en ese proceso. Para no hacer larga la historia, él fue magistrado auxiliar de los entonces titulares Jorge Enrique Córdoba Poveda y Jorge Luis Quintero Milanés. Entre sus colegas y amigos del alma estaban Raúl Cadena Lozano y Héctor Alarcón quien, hoy, es magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte, en donde hace trámite el caso Char.
En cuanto Barceló se enteró –por una toga corrupta de la Sala– que Alarcón daría voto negativo a la solicitud de libertad de Char, cambió, intempestivamente, a su abogado suplente (Darío Bazzani, defensor de confianza del clan) por Cadena Lozano. La pirueta buscaba que el voto del magistrado Alarcón saliera del campo por cuanto debería declararse impedido por su amistad estrecha con Cadena. Barceló lo sabía, pues los tres han compartido vida profesional y social. Una jugarreta que no es digna de quien fue vocero de la justicia en su más alto nivel. Le salió mal porque la mayoría de la Sala no aceptó tal impedimento por encontrar que Barceló buscaba violar “el principio de ‘lealtad procesal’ que obliga a abogados y operadores de Justicia a obrar de manera recta y proscribe cualquier tipo de trampa…”. La única togada que se apartó de esa decisión fue la muy polémica y altanera Cristina Lombana. Pero a Barceló le salió bien, muy bien, su artimaña, porque el proceso de Char cayó en el despacho de la disidente minoritaria, quien ha venido opinando a favor del hijo de Fuad ¿Vamos para una medida de libertad y para absolución? Ya lo sabremos. Por lo pronto, se dice que Arturito comerá natilla y buñuelos en cómodas guarniciones militares de su ciudad. Hay que tener el ojo vigilante sobre esta magistrada que nunca debió integrar la Corte Suprema. Y de Barceló, ¿qué? La deshonra.
Exmagistrado Barceló, ¿todo por la plata?
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13.12.2023
¡Ver para creer! José Luis Barceló, antes admirado magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema (2011 – 2019) y presidente de la misma corporación en 2018, hoy se desempeña como defensor de Arturo Char, de la intocable familia de Barranquilla; y de Cielo Gnecco y su hijo: el detenido exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco. Los clientes de Barceló tienen en común que están en prisión o han estado a punto de llegar a ella por sospechas sobre su honda corrupción: Char está detenido en La Picota en desarrollo de un proceso por la compra masiva de votos en Atlántico, 126 mil, para garantizar su curul en el Senado del que fue su presidente por acuerdo entre Iván Duque y los partidos tradicionales: Conservador, uribismo, Cambio Radical y otros; Cielo, a la que todavía llaman en Valledupar con enorme respeto (¿o temor?) “la primera gestora del departamento” y contra quien pesaba orden de captura por, casi nada, el asesinato de dos personas que se habrían enfrentado a ella –hasta cuando un milagro le puso en el camino a una fiscal local que revocó esa orden–; y su hijito Luis Alberto, en detención domiciliaria por un contrato con sobrecostos por casi $3 mil millones que terminó en usurpación de los alimentos de los niños........
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