En medio de la más cruda violencia desatada por todos los armados contra las comunidades y sus líderes, sorprende el Gobierno Petro con una batería de políticas dirigidas a reactivar la economía y a rescatar la pauta perdida del desarrollo, bajo la enseña de reindustrialización. En virtual despegue del acuerdo nacional, pacta con los principales grupos económicos su participación en el rescate de regiones olvidadas, destina partidas sin precedentes para reforma agraria y propone ajustar la tributaria según el patrón que rige en las democracias: bajar impuestos a las empresas (del 35 % al 20 % eventualmente) y elevarlos a sus dueños, que los eluden cargando gastos personales a la empresa. Pero la derecha dura se hace la desentendida. Cómo reconocer la trascendencia de estos cambios si, ya en campaña para 2026, se pasea exultante por los medios magnificando cada tropiezo de la administración, enmudeciendo frente a cada logro. Salvo en el peludísimo oso de la ministra del Deporte con los Panamericanos, que indignó al país entero.
Argos, Nutresa, Sura y Gilinski se comprometen verbigracia a invertir, a la par con el Gobierno, en economías ilegales como cultivos de coca en tránsito hacia proyectos legales. Inyección financiera, transformación industrial de la nueva producción y compra del producto darán forma a este modelo de empresa público-privada que la mesa de concertación inauguraría. Su antecedente inmediato, la inversión del Grupo Aval de $10.000 millones iniciales para salud y educación en La Guajira.
Para transformar el campo, el Banco Agrario y Finagro entregarán crédito blando o subsidiado a pequeños, medianos y grandes productores hasta por $26 billones. Otra partida sin antecedentes en el sector irá a reforma agraria, compra de tierras comprendida. Aquí, se quintuplica el monto de la vigencia fiscal pasada. Alejandro Reyes, experto agrarista, pide no comprar tierras agotadas por agroquímicos sino suelos fértiles, en el mercado informal, y parar en seco la guerra química contra la biodiversidad. Anuncia el Gobierno, además, inversión pública de proporciones históricas en obras civiles, vivienda, conexión digital, vías terciarias y comunidades energéticas. Serán $99 billones. Pero advierte: sin inversión del empresariado, la del Estado será insuficiente. La estrategia de reindustrialización requiere también inversión privada, nacional y extranjera.
Se duele Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo, de que nuestra oferta exportadora se contraiga a minas y petróleo, a flores, bananos y café. Tenemos que invertir en oferta productiva, en desarrollo. Llevamos 30 años abriendo mercados afuera, dice, pero sin política de desarrollo industrial. Debemos cambiar la oferta exportable del país y eso implica cambiar el esquema de desarrollo: transitar de la producción minero-energética hacia una producción con valor agregado.
Según el documento Conpes del 21 de diciembre pasado, en estos 30 años de apertura económica la industria retrocedió. Por ineficiencia en la producción, porque esta se estancó en una matriz productiva poco diversificada y porque no consulta la vocación productiva de las regiones. La reindustrialización apunta a producir bienes más elaborados, con tecnología que eleve la productividad y revierta en la creación de empleo calificado y de riqueza para todos.
Agudo contraste ofrece este prometedor viraje hacia el desarrollo económico, con la brutalidad de la violencia que martiriza a la población. Para conjurarla, tal vez no baste con reorientar la estrategia de seguridad e implementar en toda su extensión el Acuerdo de Paz de 2016. La vuelta al desarrollo económico y social cementaría la paz y la estructura del cambio que el país anhela. Gobierno y empresarios dan los primeros pasos. Enhorabuena.
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