Más de 1’600.000 niños completarán dos semanas sin atención por problemas de contratación del ICBF, pero eso no es nuevo. Lo que impresiona es la orfandad política de la primera infancia.
El ICBF informa que se encuentra en un “proceso de democratización de los servicios que (...) brinda a la primera infancia”. Se pensaría que tal vez aumentarán la cobertura, pero no: se refiere a la contratación de los operadores.
El sistema político siempre ha gustado de la contratación “democrática” en el ICBF: cada año se escoge a cientos de operadores, muchos de ellos recomendados por congresistas, sobre todo en el pasado, y en los últimos años con certificados de experiencia chimbos.
Si ya lo era, ¿en qué consiste esta nueva “democratización”? En que “se espera que este año el 75 % de los operadores en el país sean organizaciones de base”, entendidas como “asociaciones de madres comunitarias, grupos étnicos, asociaciones campesinas, entre otros”.
Lograr semejante sustitución de operadores en un año no se consigue con un proceso normal. Reducen drásticamente el número de contratos posibles de un operador y pasan de un mecanismo de selección semiautomatizado (Betto) a uno manual (SECOP II), que les permitirá interferir la libre competencia.
¿Y por qué se están tomando tanto trabajo con la contratación? Por un objetivo político: aumentar las organizaciones afectas al gobierno, no porque las “organizaciones de base” puedan prestar una mejor atención a la primera infancia. De eso no se trata, realmente. Sino de política para el 2026.
Van a improvisar todavía más la experiencia, la vocación, el conocimiento técnico, la capacidad administrativa, la idoneidad de los operadores, para sustituir a un operador grande. Con diez contratos, necesitarán al menos siete “organizaciones de base”, despedazando así la racionalidad de la administración general del servicio.
La atención integral a la niñez y la educación inicial requieren cada vez más profesionalización, interdisciplinariedad y proyecto institucional. Cuesta tiempo y esfuerzos consolidar un operador idóneo, pero el Gobierno, en lugar de ofrecer estabilidad y remuneración, corta la economía de escala y destruye así capital institucional de la sociedad civil.
Son conocidas las historias de operadores improvisados, producto de la “democratización”, que dejan deteriorar espacios que antes tenían operadores idóneos o que llaman a estos para que, por favor, les digan lo que tienen que hacer.
Ese capital institucional en riesgo lo necesitamos para crear un subsistema mixto de oferta de atención integral con vocación universal hasta los tres años (a cargo del ICBF) y un preescolar integral desde los tres años (a cargo del MEN), también mixto, incluyendo instituciones de financiación pública y gestión privada. Un componente clave de lo que sería una gran reforma educativa de largo plazo, unos subsistemas donde los operadores no estén sometidos a los gobiernos cada año y los niños crezcan sus primeros definitorios seis años con el apoyo profesional y comprometido de instituciones sólidas.
@DanielMeraV
“Democratizar” la contratación, dañar la atención a la primera infancia
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12.02.2024
Más de 1’600.000 niños completarán dos semanas sin atención por problemas de contratación del ICBF, pero eso no es nuevo. Lo que impresiona es la orfandad política de la primera infancia.
El ICBF informa que se encuentra en un “proceso de democratización de los servicios que (...) brinda a la primera infancia”. Se pensaría que tal vez aumentarán la cobertura, pero no: se refiere a la contratación de los operadores.
El sistema político siempre ha gustado de la contratación “democrática” en el ICBF: cada año se escoge a cientos de operadores, muchos de ellos recomendados por congresistas, sobre todo en el pasado, y en los últimos años con certificados de experiencia chimbos.
Si ya lo era, ¿en qué consiste esta nueva “democratización”? En que “se........
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