Hasta que tengamos una estrategia de desradicalización universitaria.

La semana pasada en una universidad pública del Caribe un grupo de encapuchados hizo una parada estilo militar y repartió un pasquín donde se lee: “los invitamos a que se unan a la fiesta del tropel (…) al sonido de las papas bombas y el calor de las molotov”.

Se trató de una acción del “Movimiento Jaime Bateman Cayón”, con artefactos explosivos, naturalmente. El hecho más revelador, sin embargo, es que al día siguiente la universidad funcionaba normalmente.

El estruendo de las “papas bombas” produce una “conmoción” auditiva en la comunidad presente en el campus, pero el hecho en sí, las palabras justificadoras, la forma de expresarse y el uso de la violencia no causan una conmoción universitaria, cívica, social o política.

Como sabemos, esta aceptación o tolerancia de hechos inaceptables no es nueva en universidades estatales colombianas. El asunto es que se creyó que el Acuerdo de Paz con las Farc (2016) ayudaría a que el radicalismo ideológico dejara de manifestarse con violencia.

Siete años después, no sabemos qué tanto hemos avanzado en ese marchitamiento. Se convive naturalmente con la revolución violenta en el campus y ninguna entidad del Estado está a cargo de una estrategia para resolver la situación.

Esa “convivencia” se ve, además, en la simbología en el campus, en algunos casos esculturas de Camilo Torres con fusil, grandes murales de legitimación de la violencia, profusión de mensajes políticos radicales y vista gorda de no pocos frente a la comisión evidente de delitos (connivencia).

No hay una conciencia del “costo para el país” de este secuestro de universidades en parte porque no las valoramos suficiente, consecuencia de no tener prioridades nacionales de desarrollo donde las instituciones de educación superior tengan roles indispensables.

Por eso el Estado no tiene una estrategia de desradicalización universitaria, más allá de la inteligencia y la diligencia preventiva y judicial de las fuerzas de seguridad y la Fiscalía. Es un problema complejo a cuya solución poco contribuyen declaraciones altisonantes de congresistas o acciones únicamente policiales.

Estas universidades están atrapadas en un déficit de pluralismo académico e intelectual que conecta directamente con la tolerancia del radicalismo. Es una cuestión de “hábitat”.

Ese es el caldo de cultivo de estudiantes que llegan al campus sin ideas claras y a los pocos semestres son capaces de arriesgar su vida o su libertad por ideas simplonas que no lograron ser controladas por la enseñanza académica, y a veces al contrario, que fueron estimuladas en las aulas.

La violencia en el campus que no causa conmoción universitaria es una señal de fracaso de la educación superior. No es un problema de pequeños grupos de estudiantes radicalizados. Es que hemos creado comunidades universitarias desconectadas de ciertos valores y principios necesarios para la sociedad y el crecimiento económico y social.

Y las comunidades universitarias son estratégicas para cualquier proyecto nacional serio. Ameritan más determinación, claridad de pensamiento y valor civil.

@DanielMeraV