La expresión “golpes blandos” ha sido utilizada en varias ocasiones por el presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, a raíz de las denuncias de la oposición ante la Comisión de Acusaciones cuando estalló el escándalo sobre su hijo y el exsenador Armando Benedetti. Otras veces la ha utilizado para referirse a decisiones del Consejo de Estado relacionadas con la pérdida de investidura de varios congresistas del Pacto Histórico, insinuando que obedecen a razones políticas. Y más recientemente, al afirmar que la Corte Constitucional fue mezquina con La Guajira por declarar inconstitucionales decretos emitidos en el marco de la declaratoria de emergencia en ese departamento, hace unos meses. Todo esto ha estado acompañado de llamados para que la ciudadanía se levante en contra de estas decisiones y, lo que es más grave, que por esta vía desconozca la legitimidad, potestad y obligación de estas instituciones de acatar la ley y proteger la democracia.

Si bien en sentido estricto la expresión “golpes blandos” se refiere a intentos para desestabilizar gobiernos con acciones que incluso pueden ser imperceptibles o aparentar ser inocuas, en otras ocasiones son los propios gobernantes o los ciudadanos quienes los fomentan. Por ejemplo, cuando servidores públicos arremeten contra medios de comunicación porque los critican o porque denuncian irregularidades cometidas en el ejercicio de sus cargos, cuando ordenan inspecciones de sus archivos, como sucedió con Noticias Uno.

Utilizar el poder que les confiere el cargo a funcionarios públicos para beneficio propio o de terceros es otra modalidad de hacer golpes blandos. La ley es clara cuando establece que ellos no pueden hacer política en períodos electorales. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que lo hagan, como lo demostraron el exalcalde de Medellín y el exgobernador del Magdalena con argucias para incidir abiertamente en los resultados electorales, aprovechando la burocracia y la infraestructura que dejaron montadas para apoyar a sus candidatos con miras a fortalecer sus próximas candidaturas. Si bien esto no es ilegal, sí es una burla a la ley.

Todo esto, para no hablar de la velada —o no tan velada— campaña presidencial que el hoy fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, viene haciendo a lo largo y ancho del país, olvidando que su cargo le exige ponderación, ecuanimidad y sobre todo no intervenir en política. Sus declaraciones en varios escenarios han tenido un claro tinte político y las ha utilizado para criticar abiertamente al presidente Petro y las políticas del gobierno, no con argumentos jurídicos sino proselitistas. Su última propuesta, convocar un plebiscito para que los ciudadanos digan si están de acuerdo o no con la paz total, es una clara intromisión en asuntos que no le competen y una abierta participación en política.

Los que sin duda sí son golpes blandos son los actos del ELN y las declaraciones cínicas de sus comandantes cuando afirman que los secuestros van a continuar porque son una organización pobre. Esto no solo afecta al Gobierno, sino que alimenta la desconfianza en el Gobierno y nutre proyectos autoritarios.

La acumulación de hechos como estos —se considere que son golpes blandos o no— contribuye a minar la legitimidad y credibilidad de los ciudadanos en la institucionalidad, desestabilizar al Gobierno y por esta vía debilitar la democracia.