El país está enfrentando una tormenta que, si no se aborda con sensatez, generosidad y cordura, puede desembocar en una crisis institucional de grandes proporciones. Esta tiene varios protagonistas: el presidente Gustavo Petro, quien tiene serios problemas de gobernabilidad. Unos, por la resistencia de algunos sectores sociales, económicos y políticos para aceptar y reconocer en la presidencia a un mandatario de izquierda; otros, por estar en desacuerdo con sus políticas. Pero también porque hay quienes consideran acertadas y pertinentes algunas de las iniciativas de cambio que ha propuesto, pero no están de acuerdo con su estilo de gobernar y la resistencia a conciliar y aceptar críticas. El riesgo que esto conlleva es un aislamiento y el creciente cerramiento del presidente en torno a un círculo de asesores y colaboradores cercanos a él, que le dicen lo que él quiere oír y le impiden escuchar otras ideas y opiniones. Además, puede suceder que en la selección de los funcionarios primen las coincidencias ideológicas sobre la experiencia y el conocimiento de los temas.

Tampoco ha sido afortunado del Gobierno con sus actuaciones frente a decisiones de órganos judiciales, de control o administrativos. Por ejemplo, el CNE tiene la obligación de investigar posibles irregularidades en la financiación de las campañas electorales. Eso es lo que viene haciendo para corroborar o desestimar las denuncias sobre el posible ingreso de dinero ilícito, o de personas jurídicas a candidatos, así como la violación de los topes o el ocultamiento de información sobre los ingresos y gastos de las campañas. Nadie está exento de ser investigado por estos hechos si existen méritos para hacerlo. Por eso llama la atención que el presidente califique de persecución que se investigue a funcionarios nombrados por él y eventualmente a él si fuera el caso. Así mismo, al afirmar que “aquí no se puede tumbar a un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda”, omite aclarar que este hecho está en investigación. Tampoco hay una excusa para que el presidente se demore varias semanas en acatar la orden de la Procuraduría de suspender al ministro de Relaciones Exteriores por sus actuaciones en el caso de la licitación de los pasaportes, y él continúe expidiendo decretos.

De otra parte, es comprensible la aprehensión del presidente frente a las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría. Y aquí entran otros protagonistas de la tormenta. El fiscal Francisco Barbosa, quien no cabe en su ego, se considera el mejor fiscal de la historia y, por ende, se siente con el derecho de utilizar su cargo para hacer campaña presidencial. Él comparte con la procuradora Margarita Cabello una selectiva y obsesiva persecución a sus críticos y al presidente, y la celeridad con la que adelantan algunas investigaciones y dilatan o archivan otras cuando se trata de copartidarios, amigos o amigos de sus amigos.

Todas estas conductas alimentan una tormenta perfecta para debilitar la confianza ciudadana en las instituciones, poner en riesgo la democracia y el Estado de derecho, y por esta vía crear una crisis institucional de consecuencias impredecibles.