Con la venia del profesor Alfonso Gómez Méndez me tomaré la licencia de transcribir algunos apartes de su columna de esta semana en el diario El Tiempo, en donde expone con una claridad contundente algunos asuntos sobre la Fiscalía General.

“Una vez que pase este maremágnum, el país debe reflexionar sobre todos estos asuntos sin resolver en un sistema que está mal concebido. El tema del periodo, por ejemplo, si es institucional o personal, lo ha resuelto el Consejo de Estado de manera contradictoria, siempre al vaivén de una coyuntura o dependiendo de quien sea el titular. En pleno proceso 8.000 cuando, como estaba previsto en la Constitución, el fiscal Valdivieso tenía un periodo institucional –para el cual fue elegido–, una demanda ante el Consejo de Estado para que le permitiera continuar dividió al país y a la propia corporación. Los que sostenían la tesis de que solo podía quedarse los dieciocho meses para los cuales fue designado por la Corte Suprema, fueron señalados como agentes del gobierno que querían que no siguiera adelante. Los consejeros no resistieron la presión mediática y por uno o dos votos cambiaron la jurisprudencia.

Pasado el ‘humo’, se volvió al periodo institucional como siempre había sido para presidente, procurador o contralor. Otro fiscal, después de haber sido elegido para un periodo institucional, consiguió que el Consejo de Estado volviera el periodo personal para quedarse más tiempo. Varios consejeros de Estado que cambiaron de posición, después fueron vinculados en la Fiscalía con contratos.

También falta un régimen de inhabilidades claro, que no está en la Constitución, para determinar si, por ejemplo, el titular puede o no aspirar directamente a cargos de elección popular. Por honestidad con mis lectores tengo que decir que habiendo sido fiscal general fui precandidato a la Presidencia, pero ocho años después de haber entregado el cargo y habiendo tenido una actividad política anterior que comprendía una elección en la Cámara y una derrota al Senado en 1994.

La Corte elige de una terna que elabora el presidente, pero no está constitucionalmente obligada a hacerlo dentro de un plazo preciso. Por eso no tiene sentido que pretendan presionarla con “plantones” ante su sede. Pero también ha dado bandazos. Cuando en pleno enfrentamiento con el presidente Uribe le enviaron dos ternas, se las devolvió con el discutible argumento de la “inviabilidad”, concepto que no está en la Constitución. Ni plantones ni sometimiento al frío pueden ser usados para obligar a la Corte a que elija por cuanto son veintitrés magistrados y no puede haber responsabilidad objetiva. Por eso, como ministro, propuse invertir el sistema: que la lista la haga la Corte y que elija el presidente a quien sí se le pueden deducir responsabilidades individuales.

Para estos temas propongo revivir la pequeña constituyente de López de 1977, en lo que respecta a la administración de Justicia y el Ministerio Público”.