La Comisión Primera de la Cámara de Representantes citó el 21 de febrero al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para surtir un debate de control político sobre su gestión en el desabastecimiento de medicamentos y la desfinanciación del sistema de salud. El ministro demostró sus habilidades parlamentarias ejercidas por muchos años y le dio la vuelta al debate, ante las noveles representantes citantes, que operan en la modalidad altisonante. Para esta sesión ensamblaron juicios temerarios sobre funcionarios públicos.

Dos de las citantes, Carolina Arbeláez (Cambio Radical) y Catherine Juvinao (Partido Verde) pretendieron cuestionar la validez de los informes de la Contraloría General de la Nación, relacionados con las EPS. En el informe del 21 de diciembre, el contralor advirtió que la entidad continuaría con las investigaciones sobre las irregularidades encontradas en las EPS y el 19 de febrero reportó datos consolidados sobre tales hallazgos. El ministro resaltó la oportunidad de estos informes para el debate al que fue citado. Ilustró el mecanismo y la fórmula matemática que se ha venido cumpliendo desde hace varios años para establecer con suficiente anticipación el valor de la UPC, que se basa en el informe que registran las EPS sobre las frecuencias de las atenciones prestadas a sus afiliados. Para este año solamente cinco EPS acreditaron la información solicitada.

Varios representantes de diversas bancadas políticas le evitaron al ministro desgastarse en controvertir las aseveraciones de las citantes, resumidas en que el Gobierno ha instrumentado “una crisis explícita inducida” para acabar con las EPS, en la que la Contraloría estaría involucrada.

El representante Tamayo (Partido de la U, Valle del Cauca), ante la dialéctica de las citantes de resaltar la disparidad de cifras reportadas por la Superintendencia Nacional de Salud, comparadas con las de la Contraloría, invocó la propuesta de esta columna para que se cree un tribunal de la verdad (al estilo de la JEP), en el que todos los actores declarantes, desde 1993 cuando se aprobó el aseguramiento privado para la salud, hasta nuestros días, relaten y diluciden qué es lo “construido” y cuánto se ha perdido en equidad, justicia y dinero público con ese modelo, en el marco del derecho fundamental constitucional para todos los habitantes de Colombia.

Otros representantes de Santander, de Putumayo, de Cundinamarca, de Boyacá, de Chocó y de San Andrés agradecieron al ministro la asignación de recursos a sus regiones para implementar la atención primaria y predictiva, con la recuperación de los antiguos puestos de salud que fueron abandonados desde 1993 y la dotación de los hospitales regionales.

Tanto el contralor como su delegada a esta sesión, Luz Amparo Echeverry, aclararon que la Contraloría emite informes técnicos, no políticos, basados en la información que suministran las EPS. El contralor anticipó que continúa investigando el destino de la UPC durante la pandemia, porque el Estado financió separadamente los gastos de los pacientes afectados por covid.