Así lo informó la semana pasada el relator especial de la ONU, José Francisco Calí Tzay, corroborando lo denunciado por el consejero y secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, Gerardo Jumí, quien lleva tiempo informando de esto al Estado, al ICBF, a la Defensoría del Pueblo, a los ministros del Interior y de Defensa, y por supuesto, a la Fiscalía. Y nada. No hacen nada. No les duele una muela a los funcionarios públicos.

Los niños se quitan la vida para que el ELN y las llamadas Disidencias no los recluten. Esos criminales han llevado a varias comunidades indígenas a este horror. ¿Qué lucha “revolucionaria” puede haber en sacar a la brava de sus casas a niños de seis, siete o pocos más años, y forzarlos brutalmente a hacer parte de sus ejércitos de asesinos y narcotraficantes? ¿Cómo tiene la cara este Gobierno de mantener unos “diálogos de paz” con estos carteles?

El informe del relator especial, ya que no las denuncia hechas durante años y años por la ONIC, debería servir para que ya mismo esa simulación de las “mesas de diálogos” de paz se acabe. Es que no solo los chiquitos indígenas aterrorizados prefieren matarse antes que ser reclutados, es que el ELN y las Disidencias e incluso agentes del Estado violan a las niñas, asesinan a los líderes indígenas, confinan o desplazan comunidades enteras, secuestran, extorsionan, y extienden así su poder ominoso.

Yo confieso que en algún momento tuve esperanza en estas negociaciones de paz, teniendo en mente el acuerdo de La Habana. Pero ya es imposible mantener esa postura. ¿Con qué cara sigue el presidente Petro en “diálogos” con el ELN y las Disidencias? ¿Con qué cara, después de lo dicho por un funcionario de alta jerarquía, imparcial, nada menos que de las Naciones Unidas? ¿Qué más tiene que pasar para que Colombia, su Estado, sus instituciones tengan un poco ya no solo de sensatez, sino de decencia, de elemental humanidad?

La verdad de las cosas, no nos echemos cuentos, es que el Estado no puede controlar y menos derrotar a esos ejércitos de asesinos y narcotraficantes. No tiene oportunidad. Por eso hace la pantomima de los diálogos y la “paz total”. Porque las fuerzas del orden no pueden someter a esos ejércitos de criminales. No pudieron con ellos y no podrán hasta que se despenalicen las drogas y esas rentas desaparezcan. Así es y punto.

Y la otra verdad, una que nos envilece a todos como sociedad y nos llena de desmoralización hasta los tuétanos, es que esta tragedia que denuncian la ONU y la ONIC la están viviendo unas comunidades indígenas por allá lejos de Bogotá, Medellín o Cali. Si fueran unos blancos en sus condominios o sus clubes en esas ciudades, la cosa sería muy distinta. Ténganlo por seguro.

El desprecio por los indígenas en nuestra sociedad tiene ya siglos, no nos echemos cuentos. Desde que llegó el codicioso español y desde que se conformaron las primeras élites criollas.