Sin disimulo alguno y acabando de posesionarse, la nueva fiscal general dio vuelta a la hoja y llamó a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tan seria y ponderada funcionaria no se demoró en permitir que su misión pareciera pieza judicial al servicio del poder ejecutivo.

Los afanes de la Casa de Nariño por tener fiscal propia, las presiones callejeras tipo motín a la Suprema Corte, máxima electora, hasta la apelación a instancias internacionales… por todo ello se vio de qué manera urgía desatar el caso Uribe, para ejercer con él una vindicta política.

El anterior revolucionario, hoy presidente supuestamente civil, parece ver como juego intrascendente los formalismos legales en los que no cree. Pero su cumplimiento es necesario, las reformas han de ser aprobadas por el cuerpo legislativo y no se diga la anunciada constituyente, dentro de la cual va a estar incluida la reelección. El mandatario hace un guiño despectivo, ya ha conseguido el poder; si el país político no le funciona, cuenta –o cree contar– con el pueblo soberano. Como vemos, ya le camina la justicia, en términos de fiscalía, conseguida en la forma de todos conocida.

Cumplido el juramento ante el propio jefe de Estado, los empolvados tapices de Amaral que penden en ese salón son testigos. Al día siguiente se procede a reducir a Uribe, el gran enemigo de la izquierda insurgente, aunque liberal de cuna y crianza. Tal vez cometió errores y torpezas en un juicio que se le volvió en contra, de manera bien extraña. Nunca quedó muy claro cómo se interceptaron llamadas que dieron por casualidad con la voz de Uribe, que lo comprometió y permitió darle la vuelta al proceso incoado en sentido contrario.

No somos jueces, ni las pesquisas nos pertenecen ni activismo alguno. Somos periodistas sorprendidos por los hechos y las contradicciones. La nueva fiscal, quien reiteró que no iba a ser pieza política del presidente ni elemento para retaliaciones, cae para sorpresa en la ligereza de llamar a juicio a la más importante figura pública del país. Y por ahí va el camino para llevarlo a prisión, equiparándolo a Fujimori o a Pinochet, habiendo sido una persona con la más alta aceptación (rating) en una historia de mediciones de opinión. Algunos de quienes deben su figuración a indultos y amnistías son o van a ser determinadores de su condena. Por Dios, esto es un juicio político: desestímese, archívese, no se enlode más la justicia.

Se habla de darle poderes extraordinarios, como el otorgamiento de clemencia, al mandatario, el mismo que pasó de la revolución al trono desde el cual ejerce con sobradez fingida, pues él se siente más grande que sus hechos. Desde esa cumbre de poder y en esta improbable hipótesis, Petro absolvería a Uribe y le otorgaría el salvoconducto. Mundo al revés, mundo de Alan Jara.