La furiosa respuesta del presidente Petro ante la independencia mostrada por el Congreso a sus reformas; su ofensiva contra las cortes, los medios y demás contrapesos del sistema político, está conduciendo al país al abismo de la desinstitucionalización. El desbarajuste está llegando a niveles que exceden la pugnacidad política democrática. El presidente del Senado señaló que Petro está “amenazando a la democracia y la está envileciendo”. Como si fuera poco recordó que “las armas de la República son de la nación y no propiedad de un gobierno.”
Resulta tanto inútil como inocuo especular acerca de si la propuesta de constituyente se trata de un globo distractor, elevado para que la opinión lo observe mientras los procesos reales se mueven a niveles terrenales, o de un volador sin palo, que puede terminar lastimando a su manipulador. Luego de los acuerdos firmados con las extintas FARC, ahora se propone desde el gobierno un nuevo y aun no sustentado ajuste constitucional que, contrario a lo ocurrido en 1991, está degenerando, desde el arranque, a nuestras instituciones.
Las constituciones son acuerdos con que se solucionan diferencias profundas estableciendo nuevas reglas acordadas y acatadas por las partes y la sociedad. Generalmente sobrevienen a conflictos sociales y políticos que sobrepasan las reglas anteriormente existentes. En Colombia la Constitución del 91, querida y acatada por la mayoría, pudo cobijar, incluso, un conflicto que le precedió, como ocurrió en el acuerdo con las FARC.
Una constituyente liderada por un presidente perteneciente a un movimiento que la promovió debería ser constitucional. ¿Lo es el proceso propuesto por Petro? La idea de “constituyente”-no se conoce un proyecto- planteada debe trasegar por un congreso en el que hoy por hoy no alcanzaría mayorías, aunque habría que hacer cuentas sobre los congresistas de Cambio Radical que acogerían la postura del exvicepresidente Vargas Lleras, único colombiano, además de Petro, que se le mide a competir sin conocer sus reglas. Pero el presidente no ha presentado proyecto alguno al Congreso.
La “constituyente” debe también superar el filtro de la Corte Constitucional, a menos que el “proceso constituyente”, que para el presidente ya comenzó, se trate en realidad de una bandera encaminada a fortalecer su postura y la de su partido en las elecciones de 2026 cuya campaña él mismo inauguró. Algo como “en 2022″ no nos dejaron, pero “cambiando la Constitución, ahora sí lo lograremos”.
Sin embargo, existe una tercera posibilidad. Frecuentemente el presidente invoca “al pueblo” afirmando que irá hasta donde “el pueblo” lo lleve. ¿Podemos tener la seguridad de que “al pueblo” no se le ocurrirá exceder el cauce constitucional? Nadie, ni siquiera él mismo y quien afirma representarlo todavía, puede asegurarlo.
Eterno candidato, el hoy presidente y sus calificados asesores tienen la capacidad de establecer la agenda pública. Los constantes ataques a controles y contrapesos del sistema político; la manifiesta incomodidad con la separación de poderes; la descalificación de los órganos judiciales y el proceso legislativo se parecen a los procesos de Chávez en Venezuela o de Fujimori en el Perú. Sin embargo, el modelo en estas lides lo estableció Adolfo Hitler quien tomó como pretexto el incendio del Reichstag para, con una Ley habilitante, demoler las instituciones y cualquier oposición.
Las señales están a la vista. Incluso el congreso de los Estados Unidos, nuestro más importante aliado, en el proyecto de ley debatido por cámara y senado, ha puesto como requisito para la ayuda a Colombia que “se evalúe el compromiso del gobierno con el Estado de derecho”. No nos parecemos a Alemania, aunque sí a Venezuela y a Perú, pero compartimos desafortunados procesos que los llevaron a la dictadura. Vivimos un periodo de subversión institucional que el presidente y nuestros dirigentes se encuentran a tiempo de detener.
@herejesyluis
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