El asedio a la Corte Suprema de Justicia el 8 de febrero, una manera de intervenir su fuero, inevitablemente recuerda situaciones y acciones de la dictadura venezolana que nos deben servir como lecciones, en la perspectiva de evitar su repetición aquí. Lo contrario es la desinstitucionalización y el desastre, como allí ha ocurrido.
La narrativa de un intento de golpe -como se argumenta en Colombia- para desconocer a las instituciones y someter a la oposición en Venezuela fue el primer paso para concentrar todo el poder en el Ejecutivo; controlar los medios de comunicación; el tribunal supremo de justicia y anular la independencia del congreso declarando en desacato a la Asamblea Nacional.
Luego de lo ocurrido en abril de 2002 (el golpe a Chávez), en 2004 el régimen ejecutó el llamado “Plan Ávila”, motivado por una supuesta confabulación entre militares y políticos que le sirvió para encarcelar a sus críticos y opositores. Fueron silenciados hasta 2014, cuando aparecieron multitudinarias movilizaciones que fueron sindicadas de intentar otro golpe por lo que, de nuevo, se restringieron libertades y encarcelaron disidentes.
Chávez consolidó su poder mediante la reestructuración del sistema político a conveniencia eliminando controles y contrapesos, como empieza a ocurrir en Colombia ahora con la descalificación de Fiscalía y Procuraduría y la imposición de condiciones a la Corte Suprema y el poder judicial.
Pese a ello, en 2015 el chavismo perdió arrolladoramente las elecciones a la Asamblea Nacional, quedando la oposición al mando. Ningún problema: la dictadura, a través del Tribunal Supremo bajo su control, la declaró en desacato convocando una Asamblea Constituyente en la que no participó la mayoritaria oposición. Esa Asamblea, en la práctica, dejó sin funciones a la Asamblea Nacional, comenzando un nuevo periodo de represión y persecución política que encarceló diputados y silenció -hasta la llegada de María Corina Machado- a la oposición. Ya sabemos lo que está ocurriendo con su candidatura.
En este proceso la dictadura lleva ya 26 años. Un largo periodo en que cada nueva narrativa sustituye a la anterior. La de un eventual golpe todo lo justifica, incluyendo los 26 años que lleva la dictadura.
En Colombia, como he reiterado desde esta columna, el gobierno Petro no ha tenido oposición. Sus mayores retos han sido su falta de mayorías en el Congreso; una muy escasa capacidad de gestión y las pugnas internas en su propio entorno: Day Vásquez vs. Nicolas Petro y Armando Benedetti vs. Laura Sarabia. Seguramente el desgaste ocasionado por esas pugnas pueda explicar, mayoritariamente, los resultados de las pasadas elecciones regionales en las que el gobierno perdió las más importantes capitales y gobernaciones, sin que se pueda afirmar que esos nuevos funcionarios pertenezcan o actúen al unísono como lo haría -de existir- una oposición consolidada.
Por su parte los partidos que el mismo Petro excluyó de la coalición tampoco se han alineado en su contra. El gobierno tiene alfiles en todos ellos y una de sus tareas es conseguir -para el gobierno- respaldos mayoritarios en las próximas convenciones liberal, conservadora y de los verdes. ¿Son el Centro Democrático y Cambio Radical, partidos que no tuvieron candidato en la segunda vuelta, la oposición? Si es así están refritos. Además de su histórico desgaste, el presidente, con sus narrativas, siempre va un paso adelante.
Las movilizaciones convocadas por el propio gobierno no pueden entenderse como respuesta a una oposición inexpresiva, pero constituyen presiones inaceptables contra la independencia de los contrapesos del sistema político. Cualquiera sea la decisión de la Corte en su próxima reunión no será una decisión en libertad. Las amenazas son también una advertencia extensiva a las demás Cortes; a los medios; a los opinadores y al poder judicial. ¿Ante cualquier decisión que controvierta al gobierno también les enclaustrarán? ¿Les llegarán las guardias indígenas y etc., como ocurrió con la revista Semana y con la Corte Suprema?
Ante la situación creada una salida o acuerdo razonable –si ello es factible- podría ser que el presidente, en sus hechos y en sus trinos, se comprometa a respetar las decisiones y tiempos de la Corte Suprema, y el fiscal Barbosa, antes de su retiro, deje encargado a una persona diferente a la vicefiscal, doctora Mancera, sobre quien ha manifestado reparos, entre tanto se surte el proceso de la elección de la nueva fiscal. Podría ser el comienzo de un acuerdo nacional que nos evite recorrer el camino recorrido por nuestra hermana Venezuela o uno aún peor.
@herejesyluis
No a la venezolanización
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12.02.2024
El asedio a la Corte Suprema de Justicia el 8 de febrero, una manera de intervenir su fuero, inevitablemente recuerda situaciones y acciones de la dictadura venezolana que nos deben servir como lecciones, en la perspectiva de evitar su repetición aquí. Lo contrario es la desinstitucionalización y el desastre, como allí ha ocurrido.
La narrativa de un intento de golpe -como se argumenta en Colombia- para desconocer a las instituciones y someter a la oposición en Venezuela fue el primer paso para concentrar todo el poder en el Ejecutivo; controlar los medios de comunicación; el tribunal supremo de justicia y anular la independencia del congreso declarando en desacato a la Asamblea Nacional.
Luego de lo ocurrido en abril de 2002 (el golpe a Chávez), en 2004 el régimen ejecutó el llamado “Plan Ávila”, motivado por una supuesta confabulación entre militares y políticos que le sirvió para encarcelar a sus críticos y opositores. Fueron silenciados hasta 2014, cuando aparecieron multitudinarias movilizaciones que fueron sindicadas de intentar otro golpe por lo que, de nuevo, se restringieron libertades y encarcelaron disidentes.
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