La mayor dificultad del gobierno al convocar a un acuerdo nacional es la pérdida de credibilidad ocasionada por su errático desempeño. Es difícil promover un nuevo trato basado en principios de conveniencia nacional, mientras pone en evidencia la naturaleza transaccional de su frustrada coalición con amenazas como las de sacar del gobierno a los miembros disidentes de los verdes que no cumplan su parte de desconocidos tratos.
¿Sería un acuerdo con el gobierno o con los gobiernos? ¿Con el ministro del interior- quien afirma que la coalición de gobierno no supone intercambios de cargos, presupuestos o favores, o con el de salud, quien públicamente amenaza porque no se cumplen? ¿Con los trinos del presidente que llaman a respetar derechos- generalmente de sus amigos- o con el que cuestiona las decisiones de las Cortes? ¿Con el ministro de transporte que promueve las bondades de las alianzas publico privadas, o con los ministros de salud que claman por la estatización porque los privados ganan dinero en sus negocios? ¿Con los ministros de transporte que quitan los peajes o con los que los consideran indispensables? Difícil cualquier tipo de acuerdo si para quien lo promueve son tan elásticos los principios, salvo el objetivo de mantenerse en el poder luego de 2026, como confirmó la semana pasada el mismo presidente (Explicaciones no solicitadas).
Las propuestas de reforma no han sido tan radicales como caóticas. El gobierno no ha logrado demostrar, por ejemplo, en el caso de la salud, las ventajas de su gestión por parte del Estado. Se pretende aprobar una reforma de la que desconocemos sus costos. No se trata de diferencias ideológicas. Muchos en nuestro país consideramos indispensable la participación del Estado para superar escenarios adversos como el de una eventual recesión, o proteger el interés común. Pero estatizar es otra cosa, como lo han entendido cientos de miles de electores desencantados.
Las amenazas en los balconazos antes de elecciones dieron paso, en un corto periodo, a un gobierno, en la superficie, más conciliador. El escenario cambió: además de la incapacidad política para tramitar las propuestas de reforma, el inocultable resultado adverso en las elecciones regionales ; las malas cifras de la economía; el fallo de la Corte Constitucional que impactó el presupuesto nacional; su reconocimiento del fracaso de la paz total- que va por ahora en el relevo del Alto consejero-, y la espontanea inconformidad popular constatada en varios partidos de futbol, son parte de las razones que han movido a Petro a dar un histórico giro. ¿Durará?
Las razones del gobierno para proponer un acuerdo son evidentes. Se trata de propiciar confianza por parte de sectores que nunca la tuvieron o la perdieron por cuenta de los trinos del presidente y hechos que pueden comprometer- al violar los topes como amenazó Benedetti- la legitimidad de la misma elección presidencial. La agenda de la reunión con empresarios pareció un inocuo manual de buenas intenciones.
Pero si sus principios son difusos no lo son tanto sus propósitos. Para sectores de la oposición se trata, como suele ocurrir en política, de ganar tiempo y superar un periodo crítico. Al advertirlo el expresidente Duque comparó la convocatoria a los empresarios con las reuniones que Chávez promovió, también con empresarios, en la perspectiva de consolidar su dictadura. “Un apaciguador es alguien que alimenta al cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él”, trinó. La excandidata Ingrid Betancourt, haciendo un símil de Petro con Maduro, fue más directa al afirmar que “El almuerzo en Palacio tenía menú venezolano”.
Al país le conviene un “acuerdo nacional” que genere confianza, bienestar y certidumbre, pero no uno que le sirva solamente al gobierno para ganar tiempo. Mínimo es decir que luego de lo visto con la persuasión al detal en el congreso, las demás fuerzas políticas requieren, además de promesas, garantías ciertas. ¿Quién, además de la Corte Constitucional, puede estar en condiciones de otorgarlas?
@herejesyluis
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