Para el ex zar antisecuestro Rubén Darío Ramírez, el secuestro “era una muerte suspendida, porque no solamente era la libertad individual del familiar que estaba secuestrado, sino que era la pérdida de la libertad colectiva de la familia y de la sociedad. Esta fue la degradación a la que llegó Colombia”. Para Íngrid Betancourt, quien estuvo secuestrada seis años, “el secuestro es el peor de los crímenes, porque los incluye todos y para siempre”. Entre enero y septiembre de este año se han presentado 241 casos de secuestro, 32 de ellos perpetrados por el ELN. El secuestro -que más que la privación de la libertad equivale a la muerte en vida- es la antítesis, la negación de la vida. Colombia, lejos de ser una “potencial mundial de vida”, se ha convertido en la “potencia mundial del secuestro”.

Pero el aspecto más preocupante del auge de los secuestros es que pareciera de parte del Gobierno haber alrededor de este crimen una enorme insensibilidad, una especie de apatía combinada con desgano, e inexplicable tolerancia con los criminales que lo perpetran. Que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en vez de condenar tajante e inequívocamente al secuestro, manifieste un tibio “que los secuestros no deben ser aceptados”, es una lamentable demostración de complacencia y debilidad. Pero que a renglón seguido el alto funcionario declare que “si se le exige a esta organización (el ELN) terminar con la práctica del secuestro, se deben buscar soluciones de cómo pueden sobrevivir sus integrantes” es extravagante. No solo el ministro incurre en un exabrupto ético y jurídico, sino que afirma entre líneas que hasta que se encuentren soluciones para que los integrantes del ELN puedan sobrevivir, por supuesto que pueden seguir secuestrando. Gracias a Dios ni el ministro ni funcionario alguno del Gobierno tuvo la osadía, por no decir la temeridad, de sugerirle al ELN que de golpe una alternativa fuera que trabajaran, lo que hacemos casi la totalidad de los colombianos. Con seguridad, tan peregrina sugerencia hubiera provocado la ira de Antonio García, quien de manera violenta le hubiera podido romper las gafas al rocambolesco comisionado de Paz, Danilo Rueda, hoy señalado de ser enlace del ELN.

Es increíble que el ELN, que se autoproclama como representante del pueblo, no entienda que el secuestro es probablemente el crimen que con más contundencia rechaza el país. Es igualmente increíble que mientras que los voceros del ELN afirman que no están involucrados en el tráfico de narcóticos (asume uno que por reticencia ética), el tráfico de seres humanos les parece tan probo como moral. Dicho de otra forma, les parece repugnante traficar con cocaína, mas no trapichear con sus congéneres, los seres humanos. Obviamente, el 70 % del ELN que no está en la mesa de negociación, como lo manifiesta Felipe Torres, que por más de tres décadas formó parte de esta organización, sí trafica con droga. Antonio García, comandante máximo, del otro 30 % de esa guerrilla, afirma que son una “organización pobre”. De pobre el ELN no tiene nada. Según informe del diario El Tiempo, a la guerrilla del ELN se le incautaron $35.000 millones mensuales en bienes producto de los ingresos del narcotráfico, el secuestro y la extorsión.