El escándalo nacional por la derogación del decreto que permitía a la policía confiscar drogas, con el argumento de que atenta contra la moral de la niñez y la familia, y el fracaso en el Congreso del proyecto de legalizar el consumo recreativo de marihuana, muestran la profunda hipocresía de una sociedad conservadora que insiste en criminalizar el consumo de marihuana, pero que minimiza los daños causados por el alcohol y admite sin reato, por ejemplo, que padres y cuidadores se emborrachen frente a los niños e, incluso, los induzcan a beber desde la adolescencia.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aclaró lo obvio sobre la derogación del decreto, explicando que lo único que hace es ajustar las normas sobre lo establecido desde hace 30 años por la jurisprudencia, que declaró lícito el porte de la dosis mínima y su consumo en espacios públicos. Una enorme conquista a favor de los derechos fundamentales. Por su parte, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, puso el dedo en la llaga cuando dijo: “Qué dolor que no hayamos entendido lo que quería un grupo de congresistas cuando plantearon la regularización del negocio de la marihuana. El debate no era si la marihuana era buena o mala. Todo vicio genera problemas. El tabaco genera problemas. El juego genera problemas. El juego está legalizado a pesar de que genera unas tragedias familiares gigantescas. El alcohol está legalizado, a pesar de que en el mundo dos millones y medio de seres humanos mueren al año a causa del alcohol; el tabaco está legalizado y son siete millones de seres humanos los que mueren al año por causa del tabaco. Pero la marihuana no está regularizada aquí. Está regularizada en 21 estados de Estados Unidos y allá le da plata al Estado para hacer programas de prevención de la drogadicción, en Colombia le dan plata a las Bacrim para que maten a nuestros campesinos y policías”.

El problema está claro. El consumo de estupefacientes de un individuo debe ser tratado como un problema de salud y no como un tema policivo. Su derecho a una dosis mínima –aprobada por la Corte con ponencia de Carlos Gaviria– obedece al compromiso constitucional con las libertades individuales y con la libre autodeterminación. Criminalizar el consumo no va a disminuirlo, y en cambio sí sirve para potenciar la ilegalidad de los narcotraficantes.

Aclarado todo esto, quisiera referirme a un hecho polémico: hace unos meses, un ciudadano pidió ante la Corte Constitucional la derogación del artículo 154 del Código Civil que dice que “el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica” es causal de divorcio. La procuradora, en su concepto, ratificó que lo es. Pero la cartera de Justicia envió el suyo el 2 de octubre, según el cual, “y en coherencia con la nueva política de drogas”, esa causal contribuye a crear “una narrativa estigmatizante”. Opino que el individuo que tiene un problema de adicción tiene derecho a recibir ayuda médica. Pero que su cónyuge no tiene por qué ser víctima de todo lo que el consumo de drogas o alcohol acarrea en el que no es adicto: ansiedad, impotencia y, sobre todo, riesgo de ser víctima de violencia. Espinoso problema que está por dirimirse, ojalá sensatamente.