Uno de los hechos más polémicos y siniestros que vimos durante del gobierno de Álvaro Uribe, fue el protagonizado por Pedro Pablo Montoya, alias ‘Rojas’, quien mató a Iván Ríos y a su compañera sentimental y entregó a las autoridades la mano amputada de su exjefe para probar su muerte y obtener la recompensa de 2,6 millones de dólares que el gobierno prometía al que lo entregara, vivo o muerto. Uribe dijo aquella vez: “la política de recompensas siempre ha sido una política de Gobierno, siempre se ha honrado. En este caso particular necesitamos esa definición jurídica, porque el gobierno estimula la información que permita que la fuerza pública dé con los delincuentes, gracias a la información que suministran las personas”. Alias ‘Rojas’ pagó ocho años de cárcel, nunca recibió la recompensa y fue asesinado después de que sus escoltas lo abandonaran porque la Unidad de Protección no les pagaba los viáticos. Ya en 2002 los colombianos habíamos visto cómo el general Mario Montoya, comandante de la IV Brigada del Ejército y hoy encausado por los “falsos positivos”, entregaba fajos de billetes a hombres con pasamontañas para recompensar sus delaciones. Ese mismo gobierno, como se sabe, ofrecía recompensas –a las que seguramente llamó incentivos– a los soldados que lograran más bajas entre el “enemigo”. Y así llegamos a los 6.402 inocentes asesinados.

Aunque es una práctica frecuente en varios países, y suele estar amparada por la ley, la política de recompensas económicas a los denunciantes suscita enormes dudas éticas. En un extenso artículo Marta Ochman examina sus pro y sus contra. Por una parte, la racionalidad económica lleva a los gobiernos a elegir esta práctica porque está probado que ofrecer dinero aumenta las denuncias. Pero también es cierto que aumenta los riesgos de entrampamientos –planear delitos para luego cobrar la recompensa– y de denuncias falsas, que pueden hacerse por venganza o por oportunismo.

Aunque las recompensas hayan sido creadas por un sentido pragmático, en una sociedad democrática la denuncia debería ser un deber ciudadano que responde a valores de ética y convivencia. Ochman cita a Thoreau: “la recompensa económica aniquila el valor ético de la denuncia”. Y pone de ejemplo la legislación francesa, que “limita el status de denunciante (…) a personas que informan de manera desinteresada” ¿Ingenuidad? Más bien un ideal, sobre todo en un país donde el narcotráfico ha creado una cultura del “todo por la plata”. Por eso no es congruente que “el gobierno del cambio” esté ofreciendo entre uno y cinco millones a quien denuncie compra de votos, creando una fuente adicional de corrupción. Cuando Petro trina que “todos los jefes seccionales de Policía serán evaluados según el balance que tengan en la captura de responsables de delitos contra el sufragio”, ¿qué prácticas nos hace recordar? Responda usted, querido lector.

Colombianada: en la Sede Operativa de Tránsito de la Calera, donde un trámite puede durar entre una y tres horas, y donde conté hasta 40 personas, los baños están obstruidos por unas canecas enormes para impedir su uso a los usuarios. Hasta donde sé, eso viola las normas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Pero además demuestra profundo desprecio e irrespeto con el ciudadano.