Se esperaba que la oposición a un gobierno que se entiende progresista sería brava. La realidad ha sido peor: los proyectiles disparados por las baterías de los partidos de oposición, del saliente y locuaz fiscal y del activismo de la procuradora Margarita Cabello contra el presidente han paralizado al Gobierno. Este se concentra en repeler ataques en la prensa y en las redes en vez de ignorarlos y administrar impasible la nave del Estado.
No se podía esperar mucho de Francisco Barbosa, el fiscal más narciso en la historia del ente, que la condujo de manera partidaria y errática. Se trata de un organismo de control demasiado poderoso que contó con un presupuesto de más de $5 billones en 2023, del que abusó descaradamente Barbosa en escoltas y camionetas blindadas a granel, además de viajes sin justificación para él y su familia. El fiscal está convencido de que está listo para ser presidente de la República por ser egresado de la Universidad Sergio Arboleda.
La fiscal encargada, Martha Mancera, es más inteligente y peligrosa que el funcionario saliente. Ella lleva un largo tiempo en la institución y conoce sus entrañas y secretos. Mancera también ha sido “acusada de encubrir al exdirector del CTI de Buenaventura, vinculado con redes de narcotráfico y tráfico de armas”, según el diario El País de España. No es de sorprender que la agencia encargada de combatir el crimen pueda ser capturada por los que debe perseguir. Pero sí preocupa que existan investigaciones y procesos abiertos contra el hijo del presidente y contra sus colaboradores más cercanos, además contra Fecode, el sindicato de maestros que ha mantenido un fuerte apoyo a un gobierno que sienten que los representa por primera vez en la historia.
La precipitada respuesta del presidente Petro ante el asedio fue la de buscar el apoyo de la calle que reflejó números escasos por la poca organización y credibilidad de que se estaba ad portas de una ruptura institucional. Con todo, los manifestantes, liderados por la guardia indígena, rodearon la salida de la Corte Suprema de Justicia para que esta nombrara rápidamente a una nueva fiscal de la terna entregada por presidencia hace ya cuatro meses. El presidente pidió cordura a sus seguidores tardíamente y les solicitó que se retiraran de los predios del Palacio de Justicia, para finalmente ordenar a la policía que los desalojara, utilizando gases lacrimógenos para despejar la salida del Palacio y permitir la evacuación de los magistrados.
La impaciencia del presidente y los manifestantes se encontró con una Corte que siempre se ha tomado su tiempo para tomar sus decisiones en esta materia y en todas las que le corresponden. En el pasado hubo fiscales encargados durante meses, mientras se decidía quién debía ocupar tan poderoso cargo y no pasó nada grave. Los nombrados terminaron siendo poco ejemplares con algunas excepciones notables. El exceso de poder otorgado a la Fiscalía por la Carta de 1991 es una tentación fuerte que invita a su abuso.
No es válido bajo ninguna circunstancia presionar a la Corte Suprema, aun si el presidente siente que lo quieren tumbar. El temor puede tener una base objetiva, pero los pesos y contrapesos de nuestras instituciones siempre lo han impedido hasta el momento y deben prevalecer para defender su mandato. El presidente juró en su posesión respetar la Constitución, la separación de poderes y la independencia de la rama judicial. Esperemos que así lo haga.
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