Vuelve a Venezuela el mismo (trágico) sonsonete: restablecimiento de sanciones económicas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para presionar al gobierno de Nicolás Maduro a que dé garantías ciertas para la realización de elecciones de veras democráticas, con participación incluso de María Corina Machado, a quien alguna vez el chavismo la acusó de “traición a la Patria” y la destituyó de la Asamblea Nacional.
Ella era la candidata de oposición con más probabilidades de darle la pelea a la disminuida, pero disciplinada, base chavista. El Tribunal Supremo de Justicia la sacó del juego electoral, al igual que a Henrique Capriles Radonski, inhabilitado por 15 años para postularse a cargos de elección popular.
Estas son las figuras más populares y controvertidas de la oposición venezolana. Han navegado, en su momento, por las diversas tácticas para “recuperar el poder”: paro petrolero, intento de golpe de Estado, abstención electoral, sabotaje económico, intentona de insurrección militar, instauración de un poder paralelo (la farsa de Juan Guaidó apoyada por la mayoría de los países occidentales), frustrada invasión armada con mercenarios gringos, y sanciones a gran escala.
¿El objetivo? Tumbar a Chávez y después a Maduro. En 2018, Trump y el senador republicano Marco Rubio se inventaron la frase “todas las opciones están sobre la mesa”, para ilusionar al exilio venezolano de Miami (que en gran parte vota republicano) y al errático gobierno de mentiras de Guaidó, de una posible intervención militar para “extirpar el cáncer” del comunismo. Nada les funcionó, y en ese tortuoso camino de darle prioridad a la conspiración por encima de la política, dejaron el espacio libre para que el chavismo, por la vía electoral, fuera mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, y tuviera la capacidad de cooptar todo el sistema de pesos y contrapesos de la institucionalidad venezolana.
El autoritarismo que se vive en Venezuela, el hostigamiento y la persecución a ciertos líderes opositores, los excesos represivos, son también producto de esa dinámica de tire y afloje, en la que, desde el día número dos la consigna fue deslegitimar, a las buenas o a las malas, el gobierno de Chávez, elegido de manera limpia por las mayorías, en elecciones sucesivas.
En cierta forma, lo que sucedió en ese país entre 2000 y 2014, se parece un poco a lo vivido por Estados Unidos desde la derrota de Trump en 2020: el Partido Republicano, tomado por un líder populista y antidemocrático, decidió deslegitimar el sistema electoral y judicial, al no reconocer el triunfo de Biden, y tampoco aceptar los fallos de las cortes, incluida la Corte Suprema, que no avalaron las más de 60 demandas sobre supuesto fraude electoral masivo.
Tanto en la era de Chávez como de Maduro, la oposición no ha aceptado los resultados electorales adversos, y ha cuestionado la imparcialidad y confiabilidad del manejo de las votaciones. Sin embargo, el electorado rechazó el referendo constitucional propuesto por Chávez en 2007, y el chavismo perdió las elecciones parlamentarias de 2015. Además, varios de los estados han sido gobernados por la oposición, aunque Miraflores se ha encargado de reducirles el presupuesto y sus funciones.
Las esquirlas del estruendoso fracaso de Trump, Rubio, Guaidó y compañía, en 2018 y 2019, han quedado desperdigadas por todo el mundo, y sobre todo en Estados Unidos, con una tragedia migratoria venezolana de grandes proporciones, y en el ámbito interno la pauperización de las clases medias y la asfixia económica del pueblo trabajador.
A la final, el peligroso juego de la oposición terminó por dejarla sin mayores opciones políticas, y el desgaste evidente del chavismo y de Maduro llevaron a que ambas partes firmaran el Acuerdo de Barbados, una hoja de ruta para normalizar y estabilizar -por fin- las relaciones entre gobierno y oposición.
Pero el disco rayado sigue atascado en la misma canción: esa balada monótona y devastadora de sanciones de Washington y de medidas autoritarias por parte del gobierno de Maduro para restringir la participación de la oposición, a la que acusa de corrupta y vendepatrias, y es condenada por un sistema judicial manipulado por el chavismo.
¿A qué le teme el establecimiento chavista? ¿A perder sus privilegios de ser el poder absoluto a lo largo y ancho de un cuarto de siglo? ¿A que “el fascismo” llegue con la actitud de tierra arrasada? ¿Al desmonte de una enorme red de subsidios para aliviar una profunda crisis económica?
Maduro ha denunciado atentados contra su vida, la intromisión del “imperialismo”, y advertido que está en pie de lucha. Invitó a la observación internacional de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, pero, de entrada, no participa la candidata con mayor opción de poner en jaque al poder chavista o, incluso, ser la nueva inquilina del Palacio de Miraflores.
Si en Colombia se pudo hacer la paz con las Farc, abrumada con una extensa lista de atrocidades cometidas a través de cincuenta años de una guerra degradada a fondo, ¿no habrá posibilidad en Venezuela de una reconciliación y negociación con adversarios políticos que, es cierto, acudieron a las vías de hecho y trataron de subvertir el poder legítimamente establecido?
Aún hay tiempo para destrabar el enredo, honrar en serio los acuerdos de Barbados, y dejar de oír el mismo sonsonete que ya abruma a toda una generación.
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