En diciembre de 2022 se llevó a cabo en Montreal la quinceava Conferencia de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, con el propósito de proteger la vida en la Tierra. En esta reunión se logró un acuerdo histórico: el llamado “Marco Mundial de Biodiversidad”. Este tiene como objetivo un mundo en que “para 2050, la biodiversidad se valore, conserve, restaure y utilice en forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas”. En lo más menudo, los países firmantes acordaron “adoptar medidas urgentes para detener e invertir la pérdida de diversidad biológica”.
En el año 2024, que comienza mañana, será Colombia la sede de la conferencia número dieciséis sobre Biodiversidad. Se trata de la primera desde la adopción del Marco Global de Biodiversidad y los gobiernos tendrán que rendir cuentas sobre su implementación. Nuestro país es sede y quiere ser ejemplo. Durante los últimos periodos de gobiernos locales y nacionales, organizaciones no gubernamentales grandes y chiquitas se han enfrascado en promover “soluciones basadas en la naturaleza”. Estas implican el uso estratégico de la naturaleza. Es decir, incluyen políticas o iniciativas que aprovechen la naturaleza para abordar desafíos urgentes. Selvas, páramos y manglares son algunos de los ecosistemas estratégicos que (si se restauran y cuidan) pueden proveer “soluciones” como la captura de carbono, la prevención de inundaciones y, por supuesto, la conservación de la biodiversidad.
Quienes promueven este tipo de soluciones afirman que prestan una tripleta de beneficios sociales, económicos y ecológicos a las comunidades. Como siempre, la palabra comunidades esconde ciertas mentiritas. Y en ciudades como Medellín y Barranquilla, las mentadas soluciones han contribuido al desplazamiento, la pérdida del territorio y el tejido comunitario. Más que una panacea, han sido un vehículo para mercantilizar manglares y áreas verdes, asumiendo barrios y veredas como colaterales en pro de la biodiversidad. Esto es injusto y además poco sustentable: las comunidades desalojadas tienen que mudarse lejos, volver a empezar sin servicios públicos, cruzar las ciudades para llegar al trabajo (contrarrestando la captura de carbono, por ejemplo).
En este contexto, cabe pensar en un tipo distinto de soluciones basadas en la naturaleza. Unas que de verdad se arriesguen a cumplir las promesas de beneficios triples y sirvan como acción política redistributiva. Tenemos las herramientas para pensarlas en nuestra propia historia reciente. Específicamente, el Sistema de Reparación Integral a las Víctimas. Esta reparación es un derecho de las víctimas afectadas por violaciones a los Derechos Humanos e implica reconocer el daño causado, contribuir a la reconstrucción de la vida cotidiana, devolver la garantía de los derechos y del sentido de justicia. La reparación, sin embargo, tiene distintos significados más allá del conflicto armado: en estricto sentido, se trata de una acción para abordar los errores del pasado. Los errores pueden ser también las injusticias.
La profesora colombiana Catalina Ortiz nos enseña que puede haber un lazo entre la reparación y la planificación urbana. Esto, pues la ciudad está minada de violencias y amenazas físicas y estructurales, como la desigualdad, los desalojos y la pobreza. Unas soluciones basadas en la naturaleza (y la reparación) son unas que no sólo protegen, sino que retribuyen a las comunidades locales. Si familias pescadoras en estuarios urbanos han vivido con lo mínimo, a pesar de la ciudad y tratando de esquivar la contaminación industrial de las aguas, la solución no puede ser restaurar aguas y manglares para nuevos habitantes y turistas. Que la abundancia de fondos, atenciones y proyectos se traduzca en resarcirles con mejor aire, mejor agua. Con proyectos productivos y de fomento de organizaciones colectivas, de tal forma que se proteja (repare) tanto la vida en la Tierra, como la justicia.
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