Lumbreras como Diego Molano, Jaime Arizabaleta y J. Hernández alaban al Gobierno salvadoreño y proponen construir prisiones para mejorar el país. Lo cierto es que esta ha sido la solución privilegiada durante décadas.
El sistema carcelario colombiano está compuesto por 135 establecimientos de reclusión y hoy decenas de establecimientos se construyen o se amplían. De hecho, una de las últimas hazañas de Iván Duque fue entregar un nuevo centro carcelario en Girón, Santander. Este, dispuesto para 752 hombres privados de la libertad (en 96 celdas), albergará seguramente a muchos más, pues casi todos los establecimientos del país tienen altos índices de hacinamiento. Hemos leído con cansancio, a lo largo de los años, titulares sobre hacinamiento. “Las altas tasas de inseguridad en el país han generado que, ante la masiva interceptación de delincuentes, el país no tenga dónde recluir a los criminales” concluye, casi siempre, la prensa. Por esto, no se habla tanto de construir cárceles, sino de gestionar “cupos carcelarios”. El Gobierno, informó tantas veces la administración Duque, viene adelantando “esfuerzos para ampliar la oferta de cupos”.
Cupos. Habrá quien, ante la palabra, piense en cupos universitarios o de acceso a atención hospitalaria. Pero en las últimas décadas fueron los cupos en cárceles los que hicieron noticia. Estos cupos no son necesariamente camas, pues muchos son quienes duermen en el piso. Se nos informa, por ejemplo, que La Picota, al sur oriente de Bogotá, fue ampliada para asegurar “4.000 cupos”. Su capacidad era para 2.907 presos, pero según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), tenía un hacinamiento hasta del 50 %.
La Picota fue construida en la década de los 50 e inaugurada en enero de 1960, con el nombre Jorge Eliécer Gaitán. Las fechas y el nombre dan cuenta de lo que estuvo detrás: el asesinato de Gaitán, el conflicto armado partidista y la represión, que desembocaron en esta edificación, con capacidad inicial de 720 cupos.
Bajo la tutela de los Estados Unidos, las administraciones han mantenido La Picota bajo los criterios de las cárceles supermax de ese país, recibiendo asesoría y financiamiento de la Agencia Federal de Prisiones. De los Estados Unidos no aprendimos solo sobre criterios de construcción, sino también sobre el uso cada vez mayor de las prisiones como soluciones generales a los problemas sociales. En la historia reciente nacional (así como en la gringa), las cárceles son solución a problemas de desigualdad, falta de un ingreso básico, desempleo, racismos estructurales, legislaciones mediocres, incapacidad de las agencias estatales y olas de migración del campo a la ciudad. En Colombia, esta migración se da en contextos de conflicto armado, falta de esperanza, pocas oportunidades rurales y desesperación.
¿Como asegurar más (y más) cupos para encerrar criminales? Es la pregunta que se ha hecho con insistencia. Poco sobre ¿por qué tantos hombres van presos, especialmente aquellos de algunas regiones? ¿Por qué la ausencia de libertad para muchos no ha garantizado la estabilidad en las ciudades colombianas?
Los presos son en su mayoría hombres pobres, habitantes de ciudades desiguales. Es en el rebusque donde, a menudo, se comete el crimen. Este último ha ido cambiando a lo largo de la historia reciente. Es decir, lo que se considera delito ha ido cambiando. Las leyes han ido cambiando también. Y es distinto lo que se considera delito en unos y otros barrios.
Usualmente, los sistemas carcelarios buscan que el preso se rehabilite en cautiverio para buscar trabajo y reintegrarse en la comunidad una vez quede libre. Pero más que de rehabilitación, tenemos evidencia de degradación. El incendio, en junio de 2022, en la cárcel de Tuluá dejó 52 muertos... hacinados. Y se anuncia que los centros de Villahermosa, de Cali, y La Paz, en Itagüí, son “bombas sociales” con hacinamientos de más del 100 %. Al revisar las páginas de la prensa. Año tras año, cupo tras cupo, vemos que no hay reintegración alguna. Por el contrario, la de las cárceles es una historia de rupturas. Se rompen las familias, las comunidades, las ciudades, las economías...
Reforma a la justicia I
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10.12.2023
Lumbreras como Diego Molano, Jaime Arizabaleta y J. Hernández alaban al Gobierno salvadoreño y proponen construir prisiones para mejorar el país. Lo cierto es que esta ha sido la solución privilegiada durante décadas.
El sistema carcelario colombiano está compuesto por 135 establecimientos de reclusión y hoy decenas de establecimientos se construyen o se amplían. De hecho, una de las últimas hazañas de Iván Duque fue entregar un nuevo centro carcelario en Girón, Santander. Este, dispuesto para 752 hombres privados de la libertad (en 96 celdas), albergará seguramente a muchos más, pues casi todos los establecimientos del país tienen altos índices de hacinamiento. Hemos leído con cansancio, a lo largo de los años, titulares sobre hacinamiento. “Las altas tasas de inseguridad en el país han generado que, ante la masiva interceptación de delincuentes, el país no tenga dónde recluir a los criminales” concluye, casi siempre, la prensa. Por esto, no se habla tanto de construir cárceles, sino de gestionar “cupos carcelarios”. El........
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