Hacia allá nos quiere conducir el actual Gobierno Nacional comandado por el presidente Petro. Hacia un país donde se consolide la división y la confrontación entre los colombianos alimentados por el odio inducido, donde no nos sintamos parte de una sociedad en la que se aceptan las normas que la rigen, se promuevan la convivencia pacífica y la participación ciudadana, y se crean colectivamente oportunidades de crecimiento económico y de desarrollo social.

Decir que el presidente Petro constantemente incumple la Constitución Política ya es redundante, pero hay que decirlo reiteradamente, hasta que todos los colombianos, incluyendo a sus más incondicionales seguidores, visualicen el enorme daño que le hace a la democracia y a la unidad nacional.

Cuando eso ocurra habremos rectificado el andar del camino hacia una sociedad más civilizada y culta, con una mayor exigencia de respeto y de garantías constitucionales para todos. Solo así evitaremos la destrucción de nuestros valores y de los cimientos de nuestra democracia. Es lo que persiguen sus discursos y sus acciones, inspirados en ideales políticos contradictorios, fieles a su origen guerrillero y al llamado “progresismo”.

Nuestra carta magna expresa textualmente en su artículo 188 que “El presidente de la república simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.

Cada vez que el presidente en sus discursos proselitistas promueve la confrontación y el odio entre los diferentes sectores de la sociedad colombiana, incumple ese mandato constitucional. Cada vez que ofende a los políticos tradicionales y los líderes empresariales, al tildarlos, en forma generalizada de mafiosos, narcotraficantes, mafiosos o narcoparamilitares, sin pruebas concretas, también lo incumple gravemente.

Lo mismo ocurre cada vez que denigra de las regiones y las gestiones autónomas que realizan, o cuando ataca injustificadamente a los medios de comunicación por pertenecer al sector privado.

Ahora, ante los pobres resultados de su gestión gubernamental y legislativa, se ha empecinado en promover lo que ha denominado un “proceso constituyente”, que según ha manifestado últimamente no es para cambiar la Constitución de 1991, sino para, supuestamente, lograr la aprobación de sus reformas sociales en las calles, aspirando implementar por esa vía todo su contenido que no ha tenido avances, con el apoyo de la movilización social, es decir del “pueblo” como dice él, en un claro intento por incumplir, nuevamente, las vías legales y democráticas establecidas.

Pero es claro que si el presidente Petro persiste en su accionar proclive a violar la Constitución Política de Colombia podría terminar “dándose un tiro en un pie” y los colombianos enfrascados en una prolongada confrontación violenta.