En su primera Cumbre del 2024 de la Federación Nacional de Departamentos, los 32 gobernadores se hicieron eco del clamor de las regiones en demanda del cabal cumplimiento de la autonomía territorial prescrito por la Constitución Política en su artículo 1º. En su Declaración, firmada en Cartagena de Indias, enfatizaron en que “están comprometidos con impulsar un modelo de mayor autonomía territorial”, tan venida a menos en los tiempos que corren en los que la recentralización ha sido la constante durante los 33 años de la Constitución expedida por la Constituyente de 1991.
El principal reclamo planteado al presidente Gustavo Petro es la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), la bolsa de recursos que la Nación le transfiere a las entidades territoriales, los cuales tienen como destinación específica la financiación de los programas seccionales de educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico. Originalmente la Constituyente estableció una senda de crecimiento de dicha transferencia hasta alcanzar el 47 % de los ingresos corrientes de la Nación (ICN).
No obstante, en lugar de cumplir con lo dispuesto cuando se creó el Situado fiscal, se reformó la Constitución mediante el Acto legislativo 01 de 2001 y creo el Sistema General de Participaciones (SGP), indexando el incremento de las transferencias acorde con el comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC) y desligándolo de los ICN, con grave detrimento para las entidades territoriales.
Para dorar la píldora se adujo que dicho cambio sería transitorio, pero como en este país no nada más permanente que las normas transitorias, en el 2007, cuando perdía vigencia, se aprobó el Acto legislativo 04 extendiendo el menoscabo de las finanzas territoriales. Como lo acotan los gobernadores en su Declaración en lugar del 47 % “apenas llegamos a obtener un 20 % de los ingresos corrientes de la Nación”.
Pese a ello, dada la precariedad de sus ingresos propios, las entidades territoriales siguen dependiendo en gran medida de los ingresos provenientes del SGP. De acuerdo con un estudio del Banco de la República, entre los años 2002 y 2023, las entidades territoriales dejaron de recibir por cuenta de esas dos reformas la friolera de $387.953.907 millones constantes a diciembre de 2018.
De allí la urgencia de la reforma del SGP tendiente a incrementar gradualmente la participación de las entidades territoriales hasta el 47 % de los ICN, no sin antes establecer cuáles de las funciones y competencias que le han sido delegadas deberán ser asumidas como propias por parte de ellas y en caso tal asegurarle los recursos para cubrir los gastos que las mismas le demanden.
La respuesta del presidente Petro, aunque lacónica, fue contundente: “Sí hay que cambiarlo”. Por su parte el Gobernador del Atlántico y presidente de la RAP del Caribe, Eduardo Verano, resaltó el hecho de que el presidente Petro les “ha dado su palabra para iniciar un proceso de cambio en el SGP”. ¡El Congreso de la República tiene la palabra!
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