La reciente advertencia de la Defensoría del Pueblo sobre el aumento potencial de ciberdelitos en Colombia durante diciembre es un llamado de atención urgente. En un mundo cada vez más interconectado, donde la información es poder y la tecnología, una herramienta cotidiana, la ciberseguridad se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional.

Esta situación nos impulsa a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer nuestras estrategias y políticas de seguridad digital, abordando no solo la prevención y detección de delitos cibernéticos sino también la formación y preparación de la sociedad y las autoridades en esta materia crítica.

La Ley 1273 de 2009 marcó un hito en la regulación de los delitos informáticos en Colombia, tipificando conductas como el acceso abusivo a sistemas informáticos y la violación de datos personales. Sin embargo, esta ley enfrenta desafíos significativos en su aplicación práctica. Los tipos penales definidos, aunque necesarios, no logran abarcar completamente la complejidad y dinamismo de los ciberdelitos actuales. La realidad es que la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, y nuestra legislación lucha por mantener el paso.

Uno de los aspectos críticos en la lucha contra la delincuencia informática es la capacidad de los funcionarios públicos de comprender y enfrentar estos desafíos.

La capacitación en ciberseguridad y delitos informáticos debe ser una prioridad para los operadores de justicia, incluidos fiscales y jueces. No solo deben estar equipados con el conocimiento técnico, sino también con una comprensión profunda de la naturaleza cambiante de estos delitos y de cómo la tecnología puede ser utilizada tanto para cometer como para combatir el crimen.

La sociedad colombiana debe adoptar un enfoque proactivo, no solo en términos de legislación y aplicación de la ley, sino también en educación y concienciación pública. La seguridad cibernética no es solo una cuestión de infraestructura tecnológica; es también una cuestión de cultura y comportamiento.

La alerta de la Defensoría debe ser un catalizador para un esfuerzo concertado y multidimensional para mejorar nuestra ciberseguridad. Desde la actualización y adaptación de nuestra legislación, pasando por la capacitación de nuestros funcionarios públicos, hasta llegar a la educación y concienciación del público general, todos tenemos un papel que desempeñar en la protección de nuestro espacio digital. La ciberseguridad no es solo una cuestión de prevenir delitos; es un pilar esencial para el desarrollo y la seguridad de nuestra sociedad en la era digital.