En el ajedrez judicial, cada movimiento es crucial. Pero, ¿qué ocurre cuando el movimiento de una pieza implica una amenaza velada? La reciente compulsa de copias anunciada contra el abogado defensor en el caso de Nicolás Petro despierta un debate candente sobre la independencia de la defensa y el derecho a un juicio justo.

En el tablero de la justicia colombiana, el Artículo 339 del Código de Procedimiento Penal otorga a la defensa la facultad de impugnar la competencia de un juez, sin que esto deba ser causa de represalias. Sin embargo, la advertencia del juez de iniciar una compulsa de copias contra el abogado si la Corte Suprema de Justicia no confirma su petición, lanza una sombra preocupante sobre esta prerrogativa.

Este acto no es solo un regaño en una sala de audiencias; es un eco que resuena en los pasillos de la justicia, advirtiendo a los defensores que el ejercicio de sus derechos podría tener consecuencias disciplinarias. Esto plantea la pregunta: ¿Se está condicionando la estrategia legal de la defensa al éxito de sus argumentos ante la Corte? La estrategia defensiva, respaldada por ley, no debería ser objeto de intimidación ni de medidas punitivas anticipadas.

La situación se agrava cuando consideramos que la amenaza se cierne sobre el ejercicio legítimo de una solicitud de competencia. No estamos hablando de maniobras dilatorias o de tácticas fuera de lugar, sino del uso de un recurso legalmente establecido, cuya validez no ha sido aún determinada por la instancia superior.

La defensa, en cualquier proceso judicial, debe tener la libertad de actuar dentro del marco legal sin temer a sanciones si sus acciones son legalmente apropiadas. Al fin y al cabo, la defensa no solo defiende a su cliente, sino que también custodia el derecho a un juicio justo y equitativo. Si las compulsas de copias se utilizan de manera desmedida sobre los abogados defensores, se corre el riesgo de debilitar el sistema de justicia penal y de erosionar la confianza pública en este.

En definitiva, la justicia debe ser un campo de juego nivelado donde las reglas sean claras y aplicadas por igual a todos los jugadores. La amenaza de compulsas de copias no debe usarse para influir en la dirección que toma la defensa o para castigar la exploración de vías legales que son, por diseño, un derecho en el proceso penal. La integridad del sistema legal de Colombia depende de la preservación de estos principios fundamentales. Que no se nos olvide que, en la justicia, como en el ajedrez, cada jugada debe ser legítima y cada jugador debe ser libre de mover sus piezas dentro de las reglas del juego.