El jueves, Laura Sarabia acudió a rendir interrogatorio ante la Fiscalía General de la Nación, siendo indagada por eventos relacionados con la niñera de su hijo, Marelbys Meza, ocurridos hace casi un año. Aunque los detalles de la diligencia se mantienen en reserva, las declaraciones de la funcionaria del Estado ante la opinión pública revelan que renunció a su derecho al silencio y afirmó no haber solicitado el polígrafo. Sobre estas declaraciones absolutamente todos debemos ser respetuosos del principio de presunción de inocencia y buena fe.
Al otro lado de la mesa, tenemos a los agentes policiales, quienes aparentemente en su afán por dar resultados respecto del presunto hurto en la casa de Laura Sarabia, parecen haber traspasado límites éticos y legales. Según la investigación de la Fiscalía, abusaron de su posición de poder al amedrentar, hostigar y realizar acciones invasivas a la intimidad personal, la integridad física y moral, de la señora Meza, como realizar una copia espejo de su celular y hasta llegaron a interceptar sus comunicaciones y las de sus allegados. Sobre estos procedimientos practicados por los policías, existen pronunciamientos de Jueces de la República que en sede de control de garantías han considerado que hay inferencia razonable de la comisión de estos delitos, esto es, un grado de convección acerca la participación en estas conductas punibles, lo que les ha llevado a la imposición de la medida de aseguramiento más severa.
Es crucial subrayar que la práctica del polígrafo no puede justificarse con argumentos de seguridad, a menos que el dinero perdido provenga de las arcas del Estado o Marelbys fuera una funcionaria pública. En este caso, la aplicación del polígrafo es sin lugar a duda desproporcionada y cuestionable, generando preocupación sobre la protección de derechos fundamentales y las practicas al interior de estas entidades.
Las actuaciones desplegadas por los agentes policiales son reprochables y deben ser sancionadas ya que cruzan la línea, que no es delgada, de la legalidad y la dignidad humana. La presunción de inocencia debe extenderse a todos los involucrados, incluidos los agentes, pero las acciones judiciales recientes indican que han jueces de la república que consideran que hay indicios razonables de los delitos.
Estos funcionarios públicos deberían sobresalir por el respeto y rectitud hacia la sociedad y no por actuaciones al margen de la ley y la dignidad humana. Es imperativo analizar críticamente el uso desmedido de herramientas como el polígrafo y las interceptaciones a comunicaciones, para asegurar que su aplicación no se convierta en una violación de derechos fundamentales. La verdad es un objetivo loable, pero debe perseguirse dentro de los límites de la legalidad y el respeto hacia los derechos fundamentales de todas las personas.
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