Las cifras de éxito y desarrollo de la Fiscalía General de la Nación son de conocimiento público para que la ciudadanía sepa cómo se está desenvolviendo el trabajo del Ente Acusador de nuestro país. Ello tiene un efecto positivo, puesto que la sociedad cuenta con la posibilidad de conocer de primera mano acerca del trabajo de tan valiosa Entidad e, incluso, podría pensarse que estos indicadores permiten incluso hacer veedurías juiciosas sobre el manejo de recursos y la consecución de los objetivos constitucionales fijados a la Fiscalía. Sin embargo, ¿pueden estos medidores jugar en contra?
Es comúnmente dicho en nuestro país que “una denuncia no se le niega a nadie”, sin embargo, si bien el derecho al acceso a la justicia es innegable para cualquier persona y ha de garantizarse conforme a los lineamientos propios de la Constitución Política y el mismo Estado Social de Derecho en su esencia. No obstante, no se puede ignorar la otra cara que tiene esta afirmación, y es que los fiscales reciben una cantidad abrumante de denuncias, derivando así en que la acumulación incesable de procesos que muchas veces terminan archivándose por motivos distintos y legalmente previstos por el Código de Procedimiento Penal.
Dejando esto en claro, podemos remitirnos nuevamente a la incógnita planteada. ¿Pueden estos indicadores jugarle en contra a la Fiscalía? Y la respuesta es indudablemente que sí. La tasa de absolución en juicio oral para el año 2011 era del 28%, mientras que la tasa de condena en juicio oral se ubicaba en 72%. En contraposición, para el año 2022, la tasa de absolución en la última etapa procesal se ubica en 56% y la tasa de condenas apenas asciende a 44%.
¿A qué se debe este declive en la gestión de la Fiscalía General de la Nación? Pueden haber varias razones y respuestas a esta pregunta, siendo una de ellas la cantidad aplastante de procesos que es asignado a cada fiscal delegado en su despacho; por su parte, otra razón muy importante a considerar son los “indicadores de éxito” que ha adoptado internamente el Ente Persecutor.
Así las cosas, al interior de la Fiscalía General de la Nación se ha adoptado un “método de calificación” en el que se mide a los fiscales delegados conforme a los resultados de sus respectivos despachos. Generando así una cuasi-competencia olímpica entre funcionarios para ver quién es “mejor fiscal” por llevar más investigaciones penales hasta la última instancia.
Bajo ese parámetro, es usual advertir gran número de procesos penales con serias y graves falencias desde sus inicios, con poca o nula actividad investigativa, generando así de manera recurrente escritos de acusación sin el lleno de requisitos legales y con serias falencias en lo que a los hechos jurídicamente relevantes respecta. Sería erróneo, de cualquier forma, culpar a los funcionarios por este tipo de actividades, ya que es claro que debido a la función pública que cumplen, no pueden sustraerse de los deberes propios impuestos por la Entidad.
Pero lo que más llama la atención sobre tal medición de la Fiscalía General de la Nación es el evidente efecto que se ha venido generando, como lo es el desincentivo de la descongestión del aparato judicial mediante el desuso evidente de las medidas de justicia restaurativa, los principios de oportunidad, el acusador privado e, incluso, la misma posibilidad de precluir la investigación penal.
Es indudable que de no medirse a los delegados fiscales por “quien lleva hasta las últimas instancias más procesos penales”, la Fiscalía podría reducir la cantidad de procesos en etapa de investigación, aportar a la descongestión judicial que ha caracterizado a nuestro sistema penal en las últimas décadas y con ello, indirectamente, se podría mostrar incluso una mejor ejecución de los recursos que le son asignados. Circunstancias aquellas que podrían incluso aumentar la confianza de la ciudadanía en nuestro Ente Acusador.
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