Con anticipación, el IDEAM anunció la sequía, pero en medio del debate sobre cambio climático, no hubo prevención ni auxilio a los afectados. Añoramos las bodegas de “Niños” anteriores para distribuir suplementos gratuitos o subsidiados, que aún esperan los ganaderos. Hoy, un bulto de silo de maíz supera los $20.000, y el campesino, o pierde sus animales y su ingreso, o elige entre alimentarlos o alimentar a su familia.

La biodiversidad y la vocación agropecuaria, riquezas vitales para el desarrollo, se destruyen mientras debatimos culpas. Están en riesgo el sector agropecuario, la seguridad alimentaria y la ya difícil vida rural.

Parte de las soluciones están en la naturaleza. Si la principal causa del cambio climático es el dióxido de carbono, tan importante como disminuir su emisión con la transición energética, es potenciar su captura con las aspiradoras naturales de carbono.

Por ello urge la acción del Estado para detener la deforestación que avanza con la ilegalidad, al margen del debate sobre las culpas y la narrativa de endilgarles a la ganadería, cuando son de la colonización armada del narcotráfico.

Urge una política que sume esfuerzos reforestadores, de producción sostenible. ¿Por qué no avanzar en ganadería con Sistemas Silvopastoriles; SSP? Si la ganadería ocupa más de 30 millones de hectáreas y en un millón se establecieran SSP, lograríamos la “revolución ambiental” productiva y alta en captura de carbono.

El presidente recogió la idea al anunciar que las vacas deberían “comer mirando p’al cielo” como en los SSP, pero hoy no hay una sola hectárea como parte de un programa gubernamental, pues se requieren crédito especializado, asistencia y extensión agropecuaria, que abundan en las leyes, pero no en la realidad.

La página de Finagro me deseo feliz día, pero no informó sobre ejecución 2023 ni sobre recursos 2024 para la Línea Especial de Crédito Economía Verde, en la que, además, cabe de todo. Si se comprendiera la importancia estratégica de los SSP, habría una línea especial con recursos importantes.

La Agencia de Desarrollo Rural, con recursos de $122.000 millones para extensión en 2023, licitó en junio $79.702 millones entre empresas certificadas en Extensión Agropecuaria para desarrollar proyectos en ¡4 meses!; un proceso atropellado y confuso que adjudicó $9.861 millones, apenas el 12,4%, cuando el campo clama por este servicio.

“Hacer” es la consigna; pasar del debate a la acción, preventiva, oportuna, eficaz, que transforme la realidad rural. Menos cuentos y más hechos.