Fue la pregunta de Yamid Amat en una entrevista sobre el Reporte de Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU. y sobre los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, a la cual, ante la preocupante situación actual, respondí: “Con este informe no sabemos para dónde vamos”.

Según cifras de la ONU, en 2020 teníamos 143.000 hectáreas de coca, 204.000 en 2021 y 230.000 en 2022. Aún no hay cifras de 2023, pero tampoco señales de disminución. Así pues, estamos en medio de la violencia de grupos armados ilegales enfrentados por el control territorial para proteger el narcotráfico y sus rentas ilícitas derivadas.

La semana pasada señalé la advertencia de un Informe de la ONU sobre la pérdida de gobernabilidad por el control territorial del narcotráfico, y esta semana el Departamento de Estado de EE. UU reconoce las políticas del Gobierno, pero cuestiona sus resultados.

En efecto, reconoce aumentos en interdicción y destrucción de laboratorios, y resalta los objetivos de la política antidrogas, para llevar a la legalidad a 50.000 pequeños productores de coca y reducir 90.000 hectáreas.

Sin embargo, cuestiona el aumento de los cultivos y plantea la necesidad de fortalecer la seguridad y emprender políticas de desarrollo rural, lo que coincide con nuestra consigna de que “La paz pasa por la recuperación del campo”.

Adicionalmente, señala que el Gobierno menospreció la erradicación forzosa, generando una caída del 70%, con apenas 20.000 hectáreas en 2023; y agrega que no hay claridad en los recursos para la política de drogas, ni un mecanismo de coordinación para implementarla en los territorios.

Entonces… ¿qué hacer? La responsabilidad de la seguridad es del Estado, pero es también un derecho y un deber ciudadano participar en nuestra seguridad, premisa que fundamenta los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, sobre los cuales insisto:

No son una novedad, pues hay más de 33.000, como parte de una política de la Policía Nacional.

No son otras Convivir, pues no son armados y se basan en la colaboración pacífica con las autoridades, con tecnologías de información y comunicaciones.

No se limitan a una colaboración esporádica con la Fuerza Pública, sino a la articulación cercana con las autoridades locales: el alcalde, el personero, el fiscal y el juez.

No son solo de ganaderos, sino de todos los sectores agropecuarios y actividades rurales: comercio, transporte, etc., razón por la que llevé la iniciativa al Consejo Gremial Nacional.

Y finalmente, si los Frentes de Seguridad urbanos son calificados de legítima colaboración con las autoridades, ¿por qué los rurales son tildados de paramilitarismo?

Solo cuando Colombia abandone la estigmatización podrá alcanzar la paz.

@JLAFAURIE