Colombia durante mucho tiempo ha enfrentado el desafío de garantizar un acceso equitativo a los servicios públicos para toda la población. Como resultado, yace la Ley de Servicios Públicos, contenida en las Leyes 142 y 143 de 1994, una piedra angular legislativa que sigue moldeando el panorama socioeconómico de la nación. Desde su promulgación ha actuado como un faro de regulación que ilumina el panorama de los servicios básicos en el país, garantizando entre otras cosas, el acceso equitativo a servicios esenciales como agua, electricidad y saneamiento básico.

Uno de los aspectos más loables de dicha Ley es su compromiso con la promoción de la competencia dentro del sector y la delimitación de qué le corresponde al mercado y qué a la regulación, pero además de encargarse de establecer que las intervenciones del Estado deben estar motivadas y no ser caprichosas. Así mismo, al fomentar un entorno competitivo, dicha Ley estimula la eficiencia, la innovación, y se promueve la excelencia en el servicio entre los proveedores. De igual manera, al suscitar reglas de juego claras en el sector, se propicia la atracción de inversión que impulsan el desarrollo de infraestructuras, creando oportunidades de empleo y estimulando el crecimiento económico, sobre todo en aquellas regiones que más lo necesitan.

Modificarla bajo el argumento de adaptarla a nuevos contextos o demandas del mercado podría no solo favorecer a ciertos sectores en detrimento de otros, exacerbando desigualdades y limitando el acceso de poblaciones vulnerables a estos servicios, sino también traducirse en mayor incertidumbre y desincentivar la inversión de largo plazo. Mantenerla intacta es preservar la columna vertebral de un sistema que, si bien puede necesitar ajustes, que se podrían lograr, por ejemplo, a través de su la evaluación de la Ley, identificación de falencias, y propuestas de soluciones alternativas dentro de la intervención gubernamental justificada, debe conservar su esencia. En este sentido, las evaluaciones y revisiones periódicas se vuelven esenciales para garantizar que siga siendo un instrumento potente para configurar una Colombia más próspera e inclusiva.

En un momento en que la pandemia ha puesto de relieve la importancia vital de los servicios públicos para la salud, la educación y el bienestar de la población, cualquier intento de menoscabar la protección que brinda la Ley de Servicios Públicos sería un paso en la dirección equivocada. La estabilidad normativa y la coherencia en las políticas se convierte en un elemento clave para fortalecer la competitividad del país y mejorar su posición en el escenario global de inversión.

*Directora Ejecutiva de Fundesarrollo.