Son numerosos los procesos que tramitan fiscales, jueces y magistrados, que toman muchísimo más tiempo del que parece razonable y supera el legal, y ello lleva a pensar que procesos de similar complejidad o aún siendo sencillos, toman más o menos tiempo según criterios que dan lugar a especulación sobre intereses turbios y que, en muchos casos conducen al vencimiento de términos, aparentemente propiciados deliberadamente para favorecer a los inculpados que quedan libres (en materia penal) y así burlan a las víctimas.

En otros escenarios, hay casos tan complejos como los macroprocesos que maneja la JEP, que incluyen gran cantidad de actores y delitos graves, y allí no es difícil entender que tomen largo tiempo para llegar a las sentencias, inclusive que algunas nunca llegan. Pero, hay muchos más casos en otras jurisdicciones civiles, laborales y administrativas, por ejemplo, que son sencillos porque cuentan con un acervo probatorio que no deja duda del curso que debe tomar el proceso, pero que aún así toman años y hasta décadas en resolverse. Es allí donde sobreviene la desesperación de la ciudadanía que afirma: la justicia es para los de ruana, o la justicia cojea pero no llega. Inclusive se preguntan si es que esos pequeños casos los ponen en turno detrás de los macrocasos para justificar que no se tramiten.

Con permiso de mis lectores traigo a colación un proceso que me afecta personalmente, sucedido cuando fui alcaldesa de Ibagué, esto es, hace 24 años. Se trata de una acción de repetición en contra del alcalde que me antecedió (ya fallecido) y contra mí, por el pago hecho por el municipio de Ibagué de una condena en un proceso de reparación directa, surgida por la ampliación de un tramo de la avenida Ambalá, para lo cual el contratista del municipio invadió y construyó sobre un lote de un particular, sin negociar, comprar, expropiar o lo que procediera. La demanda de los propietarios se presentó en mi administración, que nada tuvo que ver con la ocupación de hecho, y obviamente, en las dos instancias fue fallada en contra del municipio. Al margen, cabe señalar que se trataba de un monto pequeño y que a todas luces los reclamantes tenían la razón.

De aquel evento, ocurrido en 1997, en el que yo cumplí con el deber de defender a la Alcaldía, surgió una demanda que me culpa por detrimento patrimonial y que se tramita en un juzgado administrativo hace 10 años por hechos ocurridos hace 26 años. Un proceso al cual mi defensa judicial hace seguimiento permanente sin lograr que expidan el fallo de primera instancia, que no puede ser otro que total inocencia de mi parte.

¿Por qué sucede algo así, sin que importe al Sistema Judicial el enorme costo emocional y económico que implica?. Como éste, y miles de casos aún más sencillos se acumulan en los juzgados sin que los jueces se ocupen de ellos. Definitivamente reformar la justicia es un imperativo, ojalá lo hagan y no se equivoquen, porque el desprestigio de la Justicia y sus operadores es inmenso y por allí pasa la impunidad y la violencia que padecemos. ¿Cómo entonces pedir respeto a los tiempos y procedimientos judiciales?