El Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE) es una institución pública descentralizada encargada de realizar el seguimiento, medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa en los subsistemas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial de la educación en Bolivia, determinado por el Artículo 89 de la Constitución Política del Estado. El Decreto supremo 832 del 20 de diciembre de 2011 regula su estructura y funcionamiento, según la ley 070 – Ley de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”. Su consejo Consultivo está conformado ad-honoren por representantes de las organizaciones del magisterio, organizaciones sociales y organizaciones de naciones y pueblos indígenas originario campesinos.

A tod@s l@s bolivian@s nos debe interesar saber cuántos grados cambió, para mejor, la educación boliviana bajo la conducción del Lic. Edgar Pary como ministro de Educación y Cultura, cargo que ejerció desde el 19 de noviembre de 2021 hasta este 5 de marzo 2024.

Nos tenemos que hacer esta pregunta por la seriedad e importancia que amerita el artículo 77, párrafo 1 de la Constitución Política del Estado que señala: “La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”. Además, la pregunta es obligada porque cuando el Lic. Pary fue posesionado, el Excelentísimo Señor presidente de la República de Bolivia Lic. Luis Alberto Arce Catacora expresó que: “con esta posesión la educación dará un giro de 180 grados”.

Siendo la educación el pívot fundamental para el progreso nacional, para su diversificación productiva, su economía, salud, desarrollo social, mejores condiciones de vida, etc. etc., para todos los bolivianos, como debe ser la absoluta obligación de los gobernantes sin importar de que partido sean, si son del gobierno de turno o de la oposición; no podemos menos que preguntarnos y preguntar cuales, en definitiva, son los resultados producidos por esta cartera de Estado en 2 años 3 meses y 14 días del ministro Pary.

Si existe las normativas que amparan la necesidad y obligación de los servidores públicos de los diferentes cargos públicos del Estado como el Art. 77 y 89 de la Constitución Política del Estado, y el Decreto Supremo 832, cuando menos; ¿Qué más respaldo necesitamos, para pedir se nos informe y así saber lo que venimos haciendo cada uno de nos otros desde nuestro puesto del deber? No hacerlo de nuestra parte como ciudadanos de a pié, sería pasar a ser cómplices del desacato de un mandato constitucional, ¿verdad?

No puede ser que nada menos que con la primera y más alta función de Estado (la educación), no se cumpla ni la Ley de Leyes, menos las leyes conexas y decretos de creación y funcionamiento del OPCE en cumplimiento de obligaciones y deberes desde diferentes cargos del Estado. Ahora bien, si los resultados de las funciones cumplidas se los tiene, ¿Por qué se nos da a conocer a la ciudadanía?; si todos tenemos derecho y obligación de saber que se hace con el dinero del pueblo y sobre todo en esta materia tan fundamental para bien y progreso del país.