La mañana fría del sábado en Santiago de Cali arrancó con un pantallazo de noticias, en el portal de este diario, que duelen: Consejo de Seguridad en Tuluá, tras el asesinato del concejal Carlos Arturo Londoño; disidencias de las Farc secuestraron a dos funcionarios de la Fiscalía en el Cauca; secuestran a 31 soldados en Villahermosa, Meta.

El asesinato del concejal de Tuluá y junto a él, el de la líder y representante de las personas en situación en discapacidad, Clarivet Ocampo, justo al salir de la rendición de cuentas de los cien días del alcalde Gustavo Vélez, dejó de nuevo al desnudo la crítica situación que vive el municipio corazón del Valle, donde el accionar de bandas delincuenciales es el tormento de las autoridades y la ciudadanía. Asesinatos en vía pública, panfletos y amenazas, extorsiones que se volvieron un impuesto más; un alcalde amenazado, desde mucho antes de posesionarse… ¿Cómo pudo ocurrir un doble homicidio en la salida de un evento público que debió estar en extremo vigilado?, ¿por qué aumenta el patrullaje y los refuerzos por unos días y luego todo vuelve a la normalidad?

El Cauca, por su parte, con un panorama aterrador, en el que el secuestro de los investigadores del CTI de la Fiscalía, Bethy Amanda Mage Imbachi y Gerson René Rivera Fernández, en Dominguillo, es apenas uno de los insucesos que vienen ocurriendo. Varios de sus municipios volvieron a la horrible noche, bajo el imperio de disidencias de las Farc que ‘gobiernan’, imponen los horarios de circulación y envían señales a quien no se acoja a sus medidas. Sus tentáculos se extienden a las goteras de Jamundí, desde hace tiempo atrás. Y hay decenas de niños que son reclutados en sus filas. ¿Por qué si los medios, la misma comunidad y representantes de derechos humanos vienen denunciando lo que pasa en el Cauca, no se avizoran políticas y medidas certeras de choque?

La tercera noticia que evidencia la crítica situación de orden público en el país es la del secuestro de 31 soldados y tres suboficiales en Vista Hermosa, Meta. Dice el reporte que 60 personas de la comunidad fueron instrumentalizadas por la comisión Marco Aurelio Buendía, del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. El mismo que hoy aglutina un poderoso ejército ilegal que vive de los cultivos ilícitos, las extorsiones y lo que eufemísticamente llaman retenciones; un grupo con el que se intenta una negociación, que se rompió hace unas semanas, tras el ataque a una comunidad indígena del Cauca. ¿Qué pasó tras las negociaciones con las Farc?, ¿por qué hay tantos municipios del país hoy sitiados por fuerzas al margen de la ley, que imponen el miedo y dejan a la comunidad en el medio, e incluso disponen de ella para lograr sus objetivos?

Hace un par de días conversaba con una comerciante de Tuluá y me advertía que, si bien había medidas, estas solo se aplicaban frente a la comunidad legal y organizada, más no igual frente a quienes están fuera de la legalidad y funcionan con la complicidad del soborno. Lo del Cauca, en tanto, es la crónica de una ocupación anunciada; no fuimos capaces de recuperar este departamento para el país, para su gente, para los indígenas y campesinos que solo quieren labrar su tierra y vivir tranquilos. Como tampoco pudimos recobrar el Meta y tantos otros territorios en los que había que hacer mucho más que firmar un acuerdo para que la paz se cristalizara.

No son buenos días para un país, donde hoy muchos de sus habitantes marcharán contra las políticas del gobierno de Gustavo Petro. Ojalá que allí quepa el clamor de quienes hoy viven aterrados en medio de la guerra.

@pagope

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QOSHE - Volvió la horrible noche - Paola Gómez
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Volvió la horrible noche

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21.04.2024

La mañana fría del sábado en Santiago de Cali arrancó con un pantallazo de noticias, en el portal de este diario, que duelen: Consejo de Seguridad en Tuluá, tras el asesinato del concejal Carlos Arturo Londoño; disidencias de las Farc secuestraron a dos funcionarios de la Fiscalía en el Cauca; secuestran a 31 soldados en Villahermosa, Meta.

El asesinato del concejal de Tuluá y junto a él, el de la líder y representante de las personas en situación en discapacidad, Clarivet Ocampo, justo al salir de la rendición de cuentas de los cien días del alcalde Gustavo Vélez, dejó de nuevo al desnudo la crítica situación que vive el municipio corazón del Valle, donde el accionar de bandas delincuenciales es el tormento de las autoridades y la ciudadanía. Asesinatos en vía pública, panfletos y amenazas, extorsiones que se volvieron un impuesto más; un alcalde amenazado, desde mucho antes de posesionarse… ¿Cómo pudo........

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