Varias son las razones para el agudo deterioro de la seguridad. Primero, por la renuncia del Gobierno a luchar contra el narcotráfico. Son múltiples los hechos que lo demuestran. Se calcula que los narcocultivos alcanzaron las 320 mil el año pasado. Las finanzas de los grupos violentos vinculados con el narco están boyantes como nunca. Esos grupos agreden a la población de las zonas de influencia. La cocaína sobrante exige mercados internos y hay una lucha de los microtraficantes por su control.

Después, el fracaso de la “Paz Total”. Los enfrentamientos entre los grupos violentos aumentaron un 54 %. Los ceses del fuego paralizan a la Fuerza Pública pero no exigen a los criminales dejar de combatir entre sí ni parar sus acciones delictivas contra los civiles. En varias áreas del país la soberanía del Estado es meramente nominal.

La Fuerza Pública, tercero, ha sido objeto de un progresivo proceso de debilitamiento. Se borró su liderazgo con la purga de generales, se diminuyó su presupuesto y se designó un ministro de Defensa inepto y enemigo. Se redujeron a niveles mínimos las dos grandes fortalezas del Estado, la capacidad aérea y la inteligencia. Para rematar, el déficit del pie de fuerza policial y de tecnología es enorme. El resultado son unas Fuerzas con la moral por el piso y bajísima capacidad operativa.

La impunidad, por otro lado, incentiva la criminalidad. El gobierno reitera el mensaje a las guerrillas de que se arrodillará de nuevo y se entregarán beneficios judiciales, políticos y económicos que no tendrán jamás los ciudadanos que nunca han delinquido. Para los otros bandidos está la certeza de que los riesgos de ser capturados son bajísimos, que son aún menores los de no recuperar su libertad si acaso fueran detenidos y prácticamente inexistentes los de ser juzgados y condenados. El delincuente en Colombia sabe que juega a su favor una legislación excesivamente garantiste y que los aparatos de investigación judicial y operación policial son extremadamente débiles.

Finalmente, el gobierno maneja con doble estándar la cooperación ciudadana en materia de seguridad. Por un lado, restringe los espacios de colaboración de los ciudadanos en las zonas rurales, la de los frentes solidarios que proponen los ganaderos, por ejemplo, y, por el otro, incentiva un proceso de milicianización de grupos sociales que parecieran serle afectos ideológica y políticamente, como las guardias indígenas y la seudocampesinas auspiciadas por las Farc, más el de los cien mil jóvenes vinculados con la delincuencia o en riesgo de estarlo.

Con semejante panorama, con un desempleo y pobreza aumentando, y sin ningún hecho o declaración de que el gobierno esté consciente del problema y dispuesto a tomar decisiones para solucionarlo, solo puede esperarse que el 2024 sea peor en seguridad y violencia.

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