Por: Eduardo Claure
Es imposible construir una sociedad democrática, participativa y protagónica existiendo un total divorcio entre la Constitución formal, la constitución real y la democracia en relación a los Derechos Humanos. Una sociedad democrática, en los términos del Preámbulo de la CPE, y un Estado social y democrático de Derecho y de Justicia, en los términos del articulado del texto constitucional, requieren pasos concretos para la superación de la subordinación de los Órganos de Poder, así como el ejercicio efectivo del sistema de Justicia, hoy de absoluta dependencia política y con mil excesos de contravención a la norma suprema; porque en el fondo, el problema es de dominación y poder, que definitivamente en manos de los políticos de turno, han degradado la CPE y la democracia a su más bajo nivel de institucionalidad. Ambas, están severamente retorcidas y han quedado artificiosamente nefastas. Su valor de Derecho, en su esencia, en ambas, ha sido trastocada profundamente.
La democracia incorpora varias dimensiones. La primera dimensión, es la competencia política que se traduce en la constitución del gobierno por líderes que compiten con éxito por el voto popular en elecciones periódicas, transparentes y donde se garantice el secreto del sufragio. Para que se dé tal dimensión, es necesaria: a) la aceptación de la oposición política, el derecho de cualquier persona o grupo a desafiar y sustituir, por elecciones, a quienes detenta los puestos de autoridad; b) La existencia de partidos y de organizaciones de la sociedad civil que promuevan programas e ideologías distintas a la ideología que detenta el poder; c) La libertad de expresión y de asociación, y el respeto a la independencia de los medios de comunicación (todo dentro del marco normativo vigente en la República y de los tratados internacionales) y d) el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente, de las minorías. La democracia es, por definición, un sistema político, una forma de ejercicio del poder en la que los ciudadanos existen como individuos, por lo que democracia y derechos -subjetivos- son conceptos solidarios. En otras palabras, no se concibe la democracia si no se presuponen los derechos humanos; en Bolivia violentados permanentemente; La segunda dimensión, está referida a la participación. Ello es, al ejercicio pleno de la ciudadanía, entendiendo que la soberanía reside en el pueblo. Esa participación no es sólo electoral, sino que ancla en la corresponsabilidad ciudadana dentro de reglas claras del juego democrático. La ciudadanía debe estar comprometida y sus opiniones deben ser tomadas en cuenta en todos los asuntos que interesan a la sociedad. A ello se refiere la democracia participativa y protagónica que contempla la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, en su Preámbulo -casi poético telúrico- y, en su bloque de constitucionalidad, que presenta a la Carta Magna, como salida desde las profundidades y misteriosas mentes brillantes de la reserva moral de la humanidad; que no había sido tal; La tercera dimensión tiene que ver con el respeto al orden constitucional y a las leyes. La ley debe estar por encima de la soberanía de las mayorías. Por ello es que la democracia contemporánea es entendida como democracia constitucional que garantiza el estado de derecho, restringe la hegemonía de las mayorías, define y garantiza la autonomía de los poderes y confía en un poder judicial independiente, profesional, capaz y honesto.
Estas dimensiones vienen a constituir los aspectos formales de la democracia. Sin embargo, ello no garantiza que realmente se respeten las opiniones de la ciudadanía. No olvidemos que existen casos de líderes de países que fueron elegidos (legitimidad de origen) y que sus gobiernos poco o nada tuvieron que ver con la democracia (ilegitimidad de desempeño) tal y como formalmente la conocemos. Nos referimos a Hitler en Alemania o Mussolini en Italia y en América Latina con Alberto Fujimori, Ortega en Nicaragua, Ortega en Ecuador, Chávez y Maduro en Venezuela, Fidel en Cuba, y en Bolivia con el denunciado narco pedófilo cocalero y hoy con Arce Catacora. De continuar la vigencia de estos personajes al mando del país, las retorcidas Constitución y democracia, degenerarán hasta el límite en que su desaparición “formal” bajo un régimen dictatorial, será un proceso sin retorno, contra lo cual el pueblo debe organizarse políticamente con un nuevo paradigma.
En este contexto, por lo obrado por los magistrados, el ministro de justicia -el ejecutivo- y asambleístas del MAS-IPSP en contra de la Constitución y la democracia, ambas han quedado convulsionadas y en estado decrepito, al haber los masistas, asumido jugadas de contorsionistas al “interpretar” la CPE a tal punto que no consideraron que es preciso partir de una premisa fundamental, el reconocimiento del valor normativo que posee la CPE, o sea su papel en cuanto norma jurídica. Los operadores del Derecho no definieron el valor y el carácter respecto de aquel instrumento, que “interpretaron”, en tanto y en cuanto la CPE es la norma jurídica fundamental, la primera expresión normativa que tiene el país. La Constitución es ante todo una norma, porque su contenido vincula jurídicamente tanto a los detentados del poder estatal como a los destinatarios del mismo. Tiene por tanto una orientación eminentemente bilateral. Este valor normativo está más allá de la simple articulación formal del ordenamiento jurídico, pues la supremacía que con ordinaria frecuencia se predica de la Constitución sólo se justifica si se repara tanto en su origen y contenido, como en el rol que le corresponde cumplir en el mundo del Derecho. Su poder está en su origen, en la voluntad del poder constituyente creador por excelencia y único, extraordinario e ilimitado por naturaleza. Es resultado de la intención y decisión popular, depositada en el poder soberano que la representa su significado es mucho más relevante que cualquier otra expresión jurídica. Ninguna otra norma por consiguiente puede equiparársela. Por tanto, toda expresión del Derecho que no tenga su nacimiento en la voluntad constituyente carece de los mismos supuestos de legitimidad que acompañan a una Constitución. En este orden, su contenido pretende la regulación del poder en cuanto a elemento fundamental del Estado. El reconocimiento de los derechos fundamentales como la esfera de Libertad reconocida sobre los ciudadanos y respecto de las cuales el poder no puede penetrar o cometer excesos, tal como ha sucedido con el MAS-IPSP y sus operadores políticos en el ejecutivo y la ALP, que han asumido un rol mucho más allá de los permitido por la CPE, en el que la desinstitucionalización, es su rasgo más visible, perverso, corrupto e impune.
El último factor que permite justificar la razón de supremacía que acompaña esta norma fundamental y la consecuencia de su carácter normativo, es el del rol que le toca cumplir; la Constitución se identifica así, como la primera fuente del Derecho, y fuente no solamente en términos formales, sino también materiales. Aspectos sobrepasados por los operadores del sistema de justicia y políticos que con su actuación han dejado a la Constitución y democracia retorcida absolutamente, tal cual la ideología política perversa del MAS-IPSP, y que, la clase política de oposición alternativa, tiene la obligación ética, política y moral, de superar organizativamente para las elecciones del Bicentenario, para la que faltan únicamente diecinueve meses.
Constitución y democracia retorcida
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26.02.2024
Por: Eduardo Claure
Es imposible construir una sociedad democrática, participativa y protagónica existiendo un total divorcio entre la Constitución formal, la constitución real y la democracia en relación a los Derechos Humanos. Una sociedad democrática, en los términos del Preámbulo de la CPE, y un Estado social y democrático de Derecho y de Justicia, en los términos del articulado del texto constitucional, requieren pasos concretos para la superación de la subordinación de los Órganos de Poder, así como el ejercicio efectivo del sistema de Justicia, hoy de absoluta dependencia política y con mil excesos de contravención a la norma suprema; porque en el fondo, el problema es de dominación y poder, que definitivamente en manos de los políticos de turno, han degradado la CPE y la democracia a su más bajo nivel de institucionalidad. Ambas, están severamente retorcidas y han quedado artificiosamente nefastas. Su valor de Derecho, en su esencia, en ambas, ha sido trastocada profundamente.
La democracia incorpora varias dimensiones. La primera dimensión, es la competencia política que se traduce en la constitución del gobierno por líderes que compiten con éxito por el voto popular en elecciones periódicas, transparentes y donde se garantice el secreto del sufragio. Para que se dé tal dimensión, es necesaria: a) la aceptación de la oposición política, el derecho de cualquier persona o grupo a desafiar y sustituir, por elecciones, a quienes detenta los puestos de autoridad; b) La existencia de partidos y de organizaciones de la sociedad civil que promuevan programas e ideologías distintas a la ideología que detenta el poder; c) La libertad de expresión y de asociación, y el respeto a la independencia de los medios de comunicación (todo dentro del marco normativo vigente en la República y de los tratados internacionales) y d) el respeto a los........
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