Por: Eduardo Claure
No es posible pensar la sociedad, la política y menos la democracia al margen de conflictos como expresión de cambio y de libertad que al orden sin lo conflictivo. La conflictividad sociopolítica, refleja de manera clara no solo las estructuras e instituciones sino también los cambios a las que se encuentra sujeta la sociedad boliviana. Las formas y características que han adoptado la producción del conflicto de la actual coyuntura como las de su negociación y su resolución -o no resolución- ponen en evidencia la cultura política de la sociedad que enfatiza una visión y práctica del poder más en términos de lucha que de consensos y acuerdos. Esto obliga a considerar la relación entre instituciones y cultura política, los aspectos reguladores y los comportamientos de los actores en pugna. Si bien, orden y conflicto lejos de excluirse forman parte de la política en un contexto democrático, el cual supone un ordenamiento de toda posible conflictividad, el “desorden actual” comporta un atentado contra la democracia y un factor de desestabilización (bloqueo de caminos y en la ALP). Este panorama ha generado un estado de incertidumbre que significa la supresión de las certezas, y sobre todo de los márgenes de previsión de lo que sucede con la regulación de las instituciones y la convivencia democrática. Debe distinguirse también que este es un conflicto político y no social, en razón de los actores y de las actuaciones en el ejercicio del poder y desde los poderes del Estado como organismos de gobierno y del partido en función de gobierno y el contrincante -hoy enemigo- denunciado -dicen- narco pedófilo. En esta perspectiva el proceso de democratización no se ha consolidado plenamente a pesar de “la democracia de los pueblos” porque, más bien se ha dado un desgaste perverso de las instituciones democráticas. Esta pugna ha exacerbado la capacidad destructiva de los poderes políticos en detrimento de sus posibilidades constructivas. A esta problemática se suma un muy visible circulo vicioso de la débil y deficiente organización e institucionalidad del Estado que se ha convertido en un serio obstáculo conflictivo para el ejercicio del gobierno y las políticas públicas que se deforman y pervierten en los organismos estatales de deficiente e ineficaz funcionamiento. Estas deformaciones de lo “público o estatal”, tiene efectos acumulativos y se convierte en un poderoso generador de conflictos los cuales pueden rebasar el ámbito político, repercutiendo en la conflictividad social, que a su vez se reinvierte de nuevo en la política inmediata y en la de mediano y largo plazo: de no solucionarse los temas de la agenda inmediata en la ALP, ¿se llegará al 2025 con el mismo cuadro de situación? Y, si así fuera, ¿cuál la institucionalidad democrática que se tendrá para lo posterior al Bicentenario? El panorama es desolador, si a partir del 2025, ya no existiría la democracia como tal.
Mientras tanto, la “oposición alternativa”, ¿qué rol está jugando en esta coyuntura? ¿qué redito sacará de este maremágnum?, ¿está jugando políticamente a ganar algo? Pues parece que se mueve según la agenda masista, no tiene agenda propia, sigue dispersa y residual, mientras Arce Catacora asiste a inauguraciones y alienta a la aparición de nuevas agrupaciones políticas, que sin duda disminuirán las posibilidades de votos contrarios a su futura formula política personal con o sin la sigla del MAS-IPSP, la oposición alternativa, sigue sin más que esporádicas apariciones, sin vigor, sin fortalezas, sin programa y ni liderazgos: Únicamente, referentes sociales con carisma en construcción.
No cabe duda que, este modelo presidencialista, es fundamentalmente conflictivo, como ha demostrado los 18 años del “proceso de cambio”, aunque su conflictividad con el Legislativo, no se encontraba condicionada por su mayoría progubernamental del pasado inmediato a Catacora. Esta “pugna de poderes”, demuestra un modelo presidencialista que obliga a replantear toda la problemática que lleva consigo este tipo de gobierno, la cual funda estructuralmente toda la conflictividad política de un régimen político, que debe repensarse seriamente seguramente post Bicentenario, si es que la democracia aun vive para ese entonces, pues, este presidencialismo, por su excesiva acumulación de poder y autoridad en una persona que desempeña al mismo tiempo las funciones de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, de un Ejecutivo Fuerte, de pronto se sobrelegitima y se convierte en un peligroso dictadorzuelo, más secante que su maestro, al que supera e intenta someterlo políticamente y quedarse con la sigla azul y ser su candidato.
En este contexto, la “oposición alternativa” debe trabajar -seguramente lo harán o, estarán en eso- por superar las impotencias y marginalidad de su función legislativa demostrada en la ALP en esta gestión, donde han perdido sus amplias prerrogativas fiscalizadoras, pues perdieron sus amplias posibilidades de control y de censura sobre el Ejecutivo, por cuanto, ni han sido tantos aquellos intentos fiscalizadores, como los que se podían esperar, ni tan numerosas éstas como las que se intentaron, precisamente, por sus limitaciones y residualidad que impide aproximaciones por construir una agenda política consensuada y aglutinadora de fuerzas políticas “opositoras” en la ALP, que puede evitarse a futuro únicamente por la cantidad de diputados y senadores que puedan llevar a la ALP, bajo previos acuerdos en campaña que desde uno o varios frentes logren llevar a destacados versados políticos y no aprendices de brujos o reciclados oportunistas, que ya se los ve en sus primeros aprestos de movilizaciones aun escuálidas, precisamente porque no están entendiendo la coyuntura y lo que puede producirse rumbo al 2025: pérdida total de la democracia como proceso y como realidad, en tanto el oficialismo bicéfalo, hoy o mañana, pueden por estrategia envolvente, según Los Protocolos de Orinoca, superar políticamente a la eventual oposición alternativa, a pesar de su desastrosa gestión y el descalabro económico al que está llevando, pues como siguen las cosas, no habrá censo de población y vivienda, pretextando que la actual conflictividad impidió el reclutamiento de censistas y la distribución del material censal, pues necesitan su no realización, precisamente para mantener la misma representación política por población y territorio, además de no discutir Nuevo Pacto Fiscal con sus resultados censales: cabal casero. ¡¡Cuanta falta hace una Cumbre Política Nacional Democrática…!!
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