Las actas de residencias de mayores que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere esconder reflejan el abandono que sufrieron tanto los pacientes como los trabajadores de estos centros durante lo más duro de la pandemia del coronavirus. ElPlural.com ha tenido acceso a varios de los documentos, que dejan al descubierto cómo la administración pública abandonó a su suerte a las personas directamente afectadas por el virus, así como a los profesionales que velaban por su salud.

En esta línea, una tónica habitual en las residencias fue la aplicación de lo que después de bautizarían como “protocolos de la vergüenza”, que impedían el traslado de miles de ancianos residentes a centros hospitalarios para ser tratados allí. Esto elevó el número de fallecimientos, y así consta en las líneas que ha podido leer este periódico.

Dos ejemplos bastan para demostrar no solo que la orden de la región se hizo efectivo, sino que de haberse hecho de otro modo las cosas, el número de muertes habría sido menor. En una de estas actas, fechada a día 9 de abril de 2020, se expone claramente que “si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos”, dado que sí tenían los “medios hospitalarios” de los que “carece” una residencia.

Estas líneas añaden “respecto a los fallecidos” (33), que únicamente dos “han sido en el hospital (uno de ellos confirmados que dio positivo) y que el resto (31) fallecieron en la residencia sin haberles realizado prueba”. El texto acentúa, eso sí, que las plantas del centro -la residencia Geriasa- cumplieron con el protocolo Covid “perfectamente”; es decir “de manera eficaz y eficiente”.

Otra de las actas policiales a las que ha tenido acceso este medio va exactamente en la misma línea: hay muertes que podrían haberse evitado en los hospitales, más allá de que estos centros estaban también completamente colapsados. Así, un documento de la residencia de mayores Mirasierra, con fecha de 23 de abril de 2020, describe que “de los 69 fallecidos, 9 fallecieron en el hospital y el resto (60) fallecieron en la residencia provocado por la no admisión de derivaciones de dichos pacientes en el hospital de referencia”. El texto incluye que únicamente “los familiares de seis residentes, previa comunicación de su gravísimo estado de salud, comunican la no derivación hospitalaria (…) autorizándola por escrito”.

Durante la primera ola de covid, entre marzo de 2020 y abril de ese mismo año, 7.291 mayores perdieron la vida en los geriátricos sin ser trasladados a un centro hospitalario -de un total de 9.468 defunciones-, mientras los familiares de las víctimas siguen exigiendo explicaciones y justicia.

Cuando arranca la pandemia ese año se firmaron hasta cuatro de los llamados “protocolos de la vergüenza”, entre los días 18 y 25 de marzo. En ellos se daba orden de no desplazar a personas que tuvieran un problema cognitivo o de movilidad. La resolución se ha encontrado con más de 300 querellas, de las cuales menos de la mitad siguen abiertas.

Entretanto, la causa ha llegado a los juzgados en varias ocasiones ante la insistencia de familia y oposición. Así, la Audiencia Provincial de Madrid ordenaba el pasado mes de noviembre al juzgado de instrucción número 50 que reabriera un caso para investigar si la presidenta de la Comunidad de Madrid y dos de sus consejeros tuvieron alguna responsabilidad penal en la muerte de siete mayores de una residencia del distrito de Ciudad Lineal (Amavir) que fallecieron sin haber sido trasladados al hospital de referencia y, además, sin haber recibido asistencia sanitaria en el propio centro.

Los familiares de las víctimas presentaron una querella, que fue desestimada en primera instancia, por lo que recurrieron ante la Audiencia Provincial. Esta estimaba parcialmente el recurso, en el que se alegaba vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y la falta de motivación, a la vez que se ordenaba investigar si hay indicios de criminalidad en las decisiones de la líder regional y de los exconsejeros de Sanidad y de Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, respectivamente.

Antes, en marzo de 2023, el juez Arturo Zamarriego, del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, interrogaba en calidad de testigo al exconsejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien dimitiría por, en conversaciones con ElPlural.com, no querer “seguir compartiendo consejo de Gobierno con personas sin escrúpulos”. También testificó el exdirector general de coordinación sociosanitaria y firmante del protocolo, Carlos Mur. Aquel procedimiento investigaba tres querellas presentadas por Marea de Residencias por la muerte de tres ancianas en la residencia DomusVi Albufera e iba contra la responsable de Sol y los dos consejeros mencionados por delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y delito de prevaricación.

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Actas de residencias demoledoras en el Madrid de Ayuso: “Hay 69 fallecidos (...) En el hospital no hubiesen muerto tantos”

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13.02.2024

Las actas de residencias de mayores que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere esconder reflejan el abandono que sufrieron tanto los pacientes como los trabajadores de estos centros durante lo más duro de la pandemia del coronavirus. ElPlural.com ha tenido acceso a varios de los documentos, que dejan al descubierto cómo la administración pública abandonó a su suerte a las personas directamente afectadas por el virus, así como a los profesionales que velaban por su salud.

En esta línea, una tónica habitual en las residencias fue la aplicación de lo que después de bautizarían como “protocolos de la vergüenza”, que impedían el traslado de miles de ancianos residentes a centros hospitalarios para ser tratados allí. Esto elevó el número de fallecimientos, y así consta en las líneas que ha podido leer este periódico.

Dos ejemplos bastan para demostrar no solo que la orden de la región se hizo efectivo, sino que de haberse hecho de otro modo las cosas, el número de muertes habría sido menor. En una de estas actas, fechada a día 9 de abril de 2020, se expone claramente que “si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos”, dado que sí........

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