El Gobierno, experimentado en hacer de los momentos de dificultad una constante impronta de equilibrismo y supervivencia, ha escrito un nuevo capítulo en su manual de resistencia en el pleno de este miércoles en el Senado. Finalmente, y tras tener todas las votaciones importantes perdidas a primera hora de la mañana, el Ejecutivo ha conseguido seducir a Junts con la delegación de competencias y la supresión de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y salvar dos de los tres decretos que pasaban el filtro de los 350 diputados este miércoles: el decreto ómnibus, del que dependía el desembolso de los 10.000 millones de euros pertenecientes al cuarto desembolso de fondos europeos apalabrado con Bruselas, y el paquete anticrisis, que ha conseguido su aprobación en segunda votación tras un recuento de infarto que había acabado en empate durante el proceso telemático.
No se ha salvado, no obstante, la reforma del subsidio de desempleo. Ha sido Podemos, partido que otrora formó parte de la coalición de Gobierno, quien, en su intento por constituirse como un grupo independiente y autónomo del espacio de Sumar, bajo cuyas siglas confluyeron a las elecciones, ha decidido tumbar este decreto al no recibir por parte del equipo de la vicepresidenta el compromiso por escrito de que el recorte contemplado en la transposición ene l BOE sería eliminado en el proceso de enmiendas. Excusas para un Gobierno que, además, se mostraba dispuesto a este cambio puntual, tal y como había acordado con el BNG -los gallegos se lo reconocen a ElPlural.com-.
Dos importantes victorias y una derrota. Los dos decretos ratificados han sido defendidos por Félix Bolaños, ministro de Justicia y hombre fuerte del presidente. La reforma caída en combate ha sido explicada desde la tribuna por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Un resultado, no obstante, sorpresivo tras una mañana de pleno que discurría de forma paralela a dos velocidades: un tiempo tasado en el interior del salón de plenos de la Cámara Alta y una contrarreloj en los despachos, donde negociadores y fontaneros de los partidos implicados agotaban “hasta el último minuto”, como reconocía una fuente socialista a ElPlural.com, el tiempo para vencer a las quinielas y volver a construir el presente con la sagacidad de la remontada con la que Pedro Sánchez ha forjado su prosopopéyica leyenda de la remontada del suicida.
No ha salido gratis, no obstante, la consecución de estas medidas. Finalizada la primera ronda de votaciones, que ha terminado con dos empates, los liderados por Míriam Nogueras informaban de la letra pequeña del acuerdo que habían suscrito con el Ejecutivo. Un paquete de medidas cuyos puntos fuertes son la cesión de las competencias en materia de inmigración, mediante un cambio de la Constitución y una ley orgánica propia para Cataluña, hasta la supresión de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que ponía en peligro, a ojos de los posconvergentes, la aplicación de la amnistía. También han arrancado la reducción del IVA del aceite de oliva al 0%; la asunción total por parte del Estado del coste del abaratamiento del transporte público; el cambio de la ley de sociedades para facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña o más dinero para la digitalización de la administración de la justicia catalana -de los 1,2 millones previstos, finalmente serán 6,2-.
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