Menos de un mes después de que Sánchez lograse ratificar su investidura, dos semanas después de la apertura solemne de las Cortes Generales, sin todavía haber presenciado ninguna sesión de control al Gobierno, con las comisiones recién constituidas y la nueva normalidad parlamentaria aún dibujándose, llega el primer gran debate por la amnistía al Congreso de los Diputados. Una vez ratificada por la Mesa presidida por Armengol y fijado el calendario de plenos hasta la finalización del año, este martes será un día fuerte en la Carrera de San Jerónimo con la toma en consideración de una ley orgánica establecida como condición sine qua non por los partidos independentistas para la supervivencia aritmética del gobierno bicolor conformado por PSOE y Sumar.
Tanto ERC como Junts per Catalunya fueron claros en sus pretensiones: la amnistía debía tramitarse de forma acelerada, rápida, bloqueando cualquier opción de veto imperecedero del PP y con su redacción de antemano. Estas fueras sus exigencias, pronunciadas por el propio Carles Puigdemont una vez fracasada la investidura de Feijóo, y así ha operado la coalición de gobierno. Cumpliendo su palabra, defendiendo sus bondades y sometiendo la fiscalización a la herramienta de gracia a un proceso exprés, por la vía acelerada y con visos de estar operativa, como muy tarde, para finales del mes de marzo o principios de abril.
El primer paso para que estas voluntades se conviertan en factibles se cumplirá este mismo martes. Tal y como puede leerse en el orden del día de la sesión plenaria, a las 15.00 horas, como primer punto a abordar, el Congreso tomará en consideración la ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Tras semanas de manifestaciones, tanto violentas como pacíficas, reproches y exposiciones de motivos, llega el momento de la verdad. El del parlamentarismo. El de subirse a la tribuna y fijar posiciones respecto a una ley por la que se anularán los procedimientos judiciales referentes a “todos los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum del 1 de octubre de 2017 que se hubiesen realizado entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023”.
Una ley orgánica que no fue sencilla, obligando a los plenipotenciarios en las negociaciones a conversar hasta altas horas de la noche, sin dormir y haciendo del calendario una contrarreloj que finalizó el 13 de noviembre -fecha en el que PSOE la registró en solitario en el Congreso de los Diputados-. Desde entonces los encontronazos han sido constantes: desde el PP entienden que es inconstitucional, “tal y como defendía el PSOE antes de las elecciones del 23 de julio”; y desde Vox consideran que se trata de la “mayor traición” de la historia perpetrada por un Gobierno para garantizar su propia supervivencia.
Frente a ellos, la izquierda parlamentaria y nacionalista reivindica las bondades de la medida de gracia, pidiendo una tramitación rápida y que se sobreponga al bloqueo que orquestará el PP en el Senado. No obstante, los plazos son claros: los conservadores exclusivamente podrán paralizar la aplicación de la norma durante dos meses, plazo en el que su redactado volvería a la Cámara Baja para su aprobación definitiva. Se abre, por tanto, el plazo de enmiendas, que desde el Gobierno aseguran que se circunscribirán a “cuestiones técnicas” y no de calado. De hecho, fuentes de la máxima relevancia del Gobierno aseguran que la exposición de motivos, muy discutida desde que viera la luz, no sufrirá ningún cambio y se mantendrá “intacta”.
Dando buena fe de la importancia del pleno que tendrá lugar este martes en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este mismo lunes que será él quien protagonizará la intervención del PP, relegando de esta forma a su portavoz recientemente designado, Miguel Tellado.
Feijóo ha insistido en que este es un momento crucial, por lo que no caben medias tintas ni esconderse, y ha asegurado que será él quien deje sobre la mesa la hoja de ruta que seguirá el PP en su lucha contra la ley orgánica que ha marcado el inicio de la legislatura: “Voy a intervenir en el debate porque me debo a la mayoría razonable en contra de esta coalición reaccionaria; voy a intervenir en el debate porque es la ley que ha menoscabado más la Constitución española en estos 45 años; y voy a intervenir en el debate porque esconderme después de esta tropelía y de este atropello a nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y nuestra separación de poderes sería cobarde”.
La toma en consideración de la ley de amnistía no monopolizará un pleno que también contempla otras cesiones demandadas por los partidos independentistas durante las negociaciones por la investidura. Concretamente, en el pleno de este martes también se dará luz verde a la creación de tres comisiones de investigación emanadas de partidos nacionalistas e independentistas.
Se trata, por orden de debate, de dos investigaciones registradas por Junts junto al PNV, relativas a los atentados islamistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017, y a la 'operación Cataluña' que se achaca al Gobierno de Mariano Rajoy; y otra solicitud registrada por ERC, acompañado de Bildu y BNG, en la que se pide fiscalizar y dar cuenta del espionaje de estado perpetrado mediante el programa Pegasus.
La amnistía llega al Congreso en el primer gran debate de la legislatura
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12.12.2023
Menos de un mes después de que Sánchez lograse ratificar su investidura, dos semanas después de la apertura solemne de las Cortes Generales, sin todavía haber presenciado ninguna sesión de control al Gobierno, con las comisiones recién constituidas y la nueva normalidad parlamentaria aún dibujándose, llega el primer gran debate por la amnistía al Congreso de los Diputados. Una vez ratificada por la Mesa presidida por Armengol y fijado el calendario de plenos hasta la finalización del año, este martes será un día fuerte en la Carrera de San Jerónimo con la toma en consideración de una ley orgánica establecida como condición sine qua non por los partidos independentistas para la supervivencia aritmética del gobierno bicolor conformado por PSOE y Sumar.
Tanto ERC como Junts per Catalunya fueron claros en sus pretensiones: la amnistía debía tramitarse de forma acelerada, rápida, bloqueando cualquier opción de veto imperecedero del PP y con su redacción de antemano. Estas fueras sus exigencias, pronunciadas por el propio Carles Puigdemont una vez fracasada la investidura de Feijóo, y así ha operado la coalición de gobierno. Cumpliendo su palabra, defendiendo sus bondades y sometiendo la fiscalización a la herramienta de gracia a un proceso exprés, por la vía acelerada y con visos de estar operativa, como muy tarde, para finales del mes de marzo o principios de abril.
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