Los mecanismos de exclusión del espacio público son diversos y, a veces, sutiles al ojo no entrenado. Desde la instalación de una simple terraza de bar o restaurante, a la colocación de un banco individual o sin respaldo, pasando por la dotación a un área considerada en recuperación de un parque infantil o cámaras de vigilancia. Todas estas medidas van destinadas a controlar aquello que opera en el denominado espacio público, a veces simplemente con el objetivo de desplazar o evitar comportamientos, otras para obtener plusvalías de este.

No obstante, la dotación y disposición de espacio en la ciudad es una de las principales políticas de inclusión que podrían llevar a cabo las administraciones. En contextos donde este opera como elemento nivelador, ofreciendo una esfera para la sociabilidad o, simplemente, la posibilidad de estar debido a las limitaciones que muchas veces ofrece las características de las viviendas o la ausencia de otro tipo de equipamientos, puede ser considerado como parte de políticas progresistas. Jugar en la calle, sentarte en un banco a leer, mantener conversaciones camino al trabajo, conforman y posibilitan un conjunto de relaciones sociales que fomentan procesos inclusivos. Las dinámicas actuales, más bien, parecen apuntar en dirección contraria. La consideración de la ciudad como un aparador, un modelo que ha de ser capaz de atraer inversión y turistas, lleva aparejada la implementación de obras, medidas y regulaciones que impiden a determinados colectivos hacer un uso intensivo de la calle.

Tomemos el ejemplo de la reforma de la Plaza de España de Madrid, la cual fue la última de las grandes obras puestas en marcha por el Gobierno........

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